Estados Unidos ha emitido una advertencia a sus ciudadanos sobre los riesgos de realizar inversiones en Nicaragua, tras la reciente aprobación de una nueva ley de seguridad fronteriza. Este nuevo marco legal ha suscitado preocupaciones por su potencial para llevar a una “confiscación masiva” de propiedades. La ley, que establece que los 15 kilómetros “hacia el interior” de las fronteras del país con Honduras y Costa Rica serán considerados “propiedad del Estado” en un esfuerzo por fortalecer la “seguridad nacional”, ha sido objeto de críticas tanto del gobierno estadounidense como de opositores nicaragüenses en el exilio.
A pesar de que el gobierno de Nicaragua ha insistido en que la legislación no afectará a los residentes de dicha franja fronteriza, los críticos sostienen que se trata de un plan de confiscación. La embajada de Estados Unidos en Managua resaltó en redes sociales que esta medida “devasta decenas de comunidades” y pone en peligro la vida y el sustento de miles de personas involucradas. En este contexto, el Departamento de Estado ha advertido: “cualquier estadounidense que esté pensando en invertir en Nicaragua debe tener cuidado”.
Dora María Téllez, una excomandante guerrillera y antigua aliada de Ortega, ha acusado a los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo de estar detrás de esta “gran confiscación”, la cual, según ella, beneficiaría a sus propios intereses comerciales en minería vinculados con empresas chinas. Además, el Movimiento Campesino de Nicaragua ha rechazado la ley fronteriza, calificándola de un nuevo proceso de confiscación que implica la reconfiguración de los territorios indígenas y afrodescendientes que ya están demarcados y titulados.
Desde que Ortega y Murillo asumieron el poder, la represión a las manifestaciones y la oposición ha sido severa, especialmente después de las protestas de 2018, que resultaron en más de 300 muertos, de acuerdo con estimaciones de la ONU. Ambos líderes han establecido un control férreo sobre la sociedad, agravando las preocupaciones sobre la democracia y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua.
La situación en Nicaragua continúa siendo crítica, y las acciones del gobierno del país plantean serias cuestiones para aquellos que consideran invertir en su territorio. Con un trasfondo de tensión política y social, la estabilidad económica de Nicaragua se ve comprometida, y la comunidad internacional observa con inquietud los desarrollos que emergen de esta región.
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