El paquete Ómnibus X de la Unión Europea dio un nuevo avance el 30 de septiembre cuando el Consejo fijó su posición negociadora sobre las medidas pendientes para simplificar las normas relacionadas con alimentos y piensos. Esta propuesta afecta a pesticidas, límites máximos de residuos, productos biocidas, aditivos para piensos y ciertos alimentos y piensos vinculados a microorganismos modificados genéticamente.
El Consejo sostiene que el objetivo es reducir las cargas administrativas sin disminuir los estándares europeos de seguridad alimentaria, salud y protección ambiental. Sin embargo, organizaciones como Foodwatch han expresado críticas, advirtiendo que algunas modificaciones podrían debilitar las garantías existentes y cuestionan la rapidez con que se tramita el paquete legislativo.
Foodwatch impulsa la campaña “Seguridad alimentaria por encima de los beneficios empresariales: detengan la Omnibus” y señala que la reforma llega tras investigaciones sobre residuos de pesticidas no autorizados en alimentos importados, en un momento en que las instituciones comunitarias buscan acelerar la simplificación legislativa.
El término “ómnibus” se refiere a un paquete que modifica varias normas simultáneamente. La Comisión Europea presentó a finales de 2025 el Ómnibus X para simplificar la legislación comunitaria y reducir trámites considerados innecesarios, facilitando la actividad de agricultores y empresas agroalimentarias, sin bajar los estándares de seguridad alimentaria, salud humana y animal ni protección medioambiental.
El paquete abarca productos fitosanitarios, biocidas, controles oficiales, aditivos para piensos y aspectos relacionados con microorganismos modificados genéticamente. El Consejo argumenta que procedimientos más previsibles y menos cargas administrativas permitirán a agricultores y empresas invertir, innovar y competir, haciendo al sector agroalimentario europeo más competitivo y resistente.
Foodwatch, en cambio, sostiene que la rapidez del proceso y ciertos cambios regulatorios podrían reducir la protección al consumidor. Su preocupación abarca tanto el contenido de las normas como el procedimiento de modificación.
Uno de los puntos más sensibles es el de los límites máximos de residuos (LMR), que establecen la cantidad máxima legal de residuo de pesticida en alimentos o piensos. El problema surge cuando sustancias no autorizadas en la UE por su peligrosidad siguen usándose en terceros países y llegan a Europa en alimentos importados, siempre que respeten los LMR establecidos.
Foodwatch denomina a este fenómeno “plaguicidas boomerang”, sustancias prohibidas en Europa pero permitidas en terceros países y que regresan como residuos en alimentos importados. Una investigación analizó 64 productos de arroz, té y especias en Francia, Alemania, Austria y Países Bajos; 49 contenían residuos de pesticidas y 45 tenían residuos de sustancias no aprobadas en la UE. Se identificaron 54 residuos diferentes, 27 de ellos no autorizados en Europa.
Además, está el “efecto cóctel”: un alimento puede contener residuos de varios pesticidas que individualmente están dentro del límite permitido, pero cuya exposición combinada genera riesgos acumulativos. La EFSA ha realizado informes sobre este riesgo acumulativo, aunque Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) los ha cuestionado por considerar insuficiente la metodología para evaluar la exposición combinada y la protección a grupos vulnerables.
La posición del Consejo mantiene la reducción hasta el cero técnico de los LMR para sustancias especialmente peligrosas, pero condiciona esta reducción a una evaluación de impacto. Además, amplía el ámbito de sustancias sujetas a esta medida, incluyendo aquellas que puedan generar riesgos inaceptables para abejas o aguas subterráneas.
Se contemplan periodos transitorios para alimentos legales según límites anteriores, permitiendo que productos en circulación permanezcan en el mercado por un tiempo para evitar desperdicio alimentario. Esta medida es parte del desacuerdo, pues aunque el Consejo no elimina el objetivo de reducir residuos a cero técnico, mantiene la evaluación previa y el debate está en los criterios y el peso que tendrán la salud y el medio ambiente frente a impactos comerciales.
Otro cambio afecta la duración de las aprobaciones de sustancias activas y autorizaciones de productos fitosanitarios. El Consejo propone que sustancias consideradas de bajo riesgo y sus productos puedan obtener aprobaciones sin fecha de expiración predeterminada. Para otras sustancias, los periodos se ampliarían a 15 años para la primera aprobación y 25 años para renovaciones, con excepciones.
También se extiende la protección de ensayos y estudios usados en autorizaciones: de 10 a 13 años para productos fitosanitarios convencionales y de 13 a 15 años para productos de bajo riesgo. Como contrapartida, se incorporan nuevos mecanismos de vigilancia, incluyendo revisiones periódicas de literatura científica y datos por parte de la EFSA, y un tratamiento más prudente para sustancias clasificadas como carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción categoría 2.
La reforma busca acelerar la entrada al mercado de alternativas a productos fitosanitarios convencionales, dando prioridad a sustancias de biocontrol en evaluaciones previas para favorecer opciones más sostenibles. En biocidas, las aprobaciones mantendrían fecha de expiración, pero con duración aumentada a 15 años para la primera aprobación y 25 para renovaciones.
Foodwatch añade que no se trata solo de una reforma técnica para reducir burocracia, sino de un paquete que modifica múltiples normas sobre seguridad alimentaria. Critica la velocidad del procedimiento y sostiene que algunas modificaciones pueden reducir garantías de protección para consumidores y medio ambiente. Reclama que cualquier reducción de trámites demuestre ser compatible con mantener controles y niveles de protección.
La organización señala que cientos de científicos europeos han expresado preocupación por la reforma y cita evaluaciones que cuestionan que la reducción de cargas administrativas pueda lograrse sin afectar la protección sanitaria y ambiental. El Consejo, por su parte, sostiene que la reforma busca reducir burocracia y mejorar competitividad sin comprometer seguridad ni protección ambiental.
La discrepancia principal radica en si los mecanismos previstos son suficientes para lograr ambos objetivos. La posición del Consejo llega tras cuestionamientos reiterados de Foodwatch, PAN Europe y otras organizaciones sobre el sistema europeo de control de residuos de pesticidas en alimentos importados.
Una opinión jurídica independiente promovida por Foodwatch, PAN Europe y el Instituto Veblen sostiene que la legislación europea permite aplicar límites más restrictivos a residuos de sustancias prohibidas en la UE por razones sanitarias o ambientales. Este análisis también cuestiona la compatibilidad de permitir ciertos residuos en alimentos importados con las obligaciones europeas de protección.
En este contexto, el concepto de “cláusulas espejo” ha ganado relevancia, buscando exigir a productos importados condiciones sanitarias y ambientales equivalentes a las que cumplen los productores europeos. Francia ha propuesto restricciones sobre alimentos con residuos de pesticidas prohibidos como mancozeb o carbendazim, convirtiéndose en un referente en este debate.
Datos basados en información reportada originalmente por gastronomiaycia.com.
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