Cautela y resignación. Es la sensación que comparten los pescadores de la bahía de Cádiz con licencia para pescar en aguas marroquíes tras conocer la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que anula el acuerdo comercial y pesquero entre la UE y el reino alauí y que, de confirmarse, les impediría faenar en los caladeros del país vecino y complementar las capturas que ya realizan en la costa gaditana. Los agricultores de Almería, también afectados por el acuerdo comercial con Rabat, comparten la misma cautela, pero con un poso de entusiasmo, ya que llevan años quejándose de que les resulta imposible competir con los precios de los productos que salen de Marruecos.
Un total de 93 pesqueros españoles tienen licencia para faenar en aguas de Marruecos y del Sáhara Occidental (del total de los 128 barcos europeos que tienen permiso para faenar en esa zona). La flota andaluza, con 47 barcos anclados en Barbate, Conil, Algeciras y Tarifa, es la más numerosa, seguida de Canarias, con 38, y Galicia, con siete. “Es un problema para el sector, justo cuando estábamos recuperándonos del parón por la crisis por [la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim] Gali, llega esto. Ha sido un traspié”, explica Tomás Pacheco, presidente de los armadores de Barbate, de donde parten la veintena de barcos de cerco que tienen acceso a los caladeros marroquíes y que dan sustento a unas 300 familias.
Ese traspié que comenta Pacheco hace alusión al temor que, según cuenta, pasaron muchos compañeros durante la crisis migratoria de Ceuta, incitada por Marruecos en protesta por la hospitalización en Logroño de Gali, para ser tratado por coronavirus. “Muchos desistieron de ir al caladero marroquí por miedo a las decisiones y represalias que pudiera adoptar Marruecos por estar en sus aguas en ese momento”, explica. Los barcos de cerco navegan hasta la zona de Larache para faenar, cuando no lo hacen en las aguas de la bahía de Cádiz. Pacheco no puede cuantificar la pérdida en términos económicos que supondría prescindir de la pesca en aguas marroquíes.
Para los pescadores de palangre de fondo artesanal el acuerdo con Marruecos ofrece una seguridad jurídica —como garantía si les encuentran pescando en aguas de su territorio— más que un flotador económico, porque las especies que ellos están autorizados a pescar —voraz, pez sable, parco, jurel de fondo― han desaparecido de esos caladeros. En el caso de Barbate, por ejemplo, de las 26 licencias que les otorga el convenio, solo están activas 14.
Para ellos la sentencia constata el abandono en el que se encuentra su sector. “Europa está muy lejos del Estrecho; Madrid no necesita de Andalucía para sacar sus presupuestos adelante; a la Junta solo le preocupa el alga y esto pasa por un problema que debería haber resuelto la ONU hace años”, se lamenta, sarcástico, Nicolás Fernández, secretario general de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz (Fecopesca).
De los ocho barcos de Conil con licencia para pescar en aguas marroquíes, solo hay uno que actualmente se adentre en ellas. El resto lleva mucho tiempo sin faenar allí. “Es muy difícil encontrar las especies que pescamos, posiblemente desplazadas por el atún rojo, para el que no tenemos cuotas para pescar”, indica Fernández. Lo mismo ocurre con la veintena de naves de palangre del resto de la Bahía de Cádiz. “Solo un cuarto puede estar en activo”, señala. Con todo, la captura de pez sable y voraz es importante económicamente. El año pasado se facturaron 1,3 millones de euros. Este, ha quedado reducido a un tercio por su desaparición, sostiene Fernández.
“El valor del acuerdo con Marruecos para nosotros ahora mismo es más por la garantía de seguridad jurídica que por impacto económico”, incide Fernández. Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca). También reconoce que para la flota española faenar en Marruecos supone la posibilidad de tener “un caladero complementario”, ya que la mayoría de los barcos con licencia pescan principalmente en la bahía de Cádiz, en el caso andaluz, o en aguas de Mauritania, en el gallego. “El mayor volumen de captura en territorio marroquí es de Holanda, Lituania, Letonia y Alemania”, explica Garat. “Para los pescadores andaluces es una forma de sostén social y económico, un complemento a su actividad para cuando no faenan en el golfo de Cádiz y liberan esa zona”, añade.
El acuerdo entre Bruselas y Rabat autoriza a un máximo de 90.000 toneladas de pesca, de las que España, con unas 600 toneladas, supone una parte muy pequeña, abunda el directivo de Cepesca. Garat considera la sentencia “una mala noticia”, pero también pide cautela y llama la atención sobre la posibilidad de que su ejecución se demore en el tiempo, mientras se resuelve, si se presenta, el recurso.
La zozobra con la que se asiste al desenlace final sobre el fallo del TJUE no solo se circunscribe al sector pesquero y las familias que dependen de él. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, llama la atención sobre los efectos que pueda tener en otros convenios bilaterales. “Nos complica la vida en un momento en el que estábamos tratando de calmar la situación con Marruecos”, sostiene el regidor. Landaluce alude a los acuerdos sobre tránsito de personas y en especial a la Operación Paso del Estrecho, que tiene al puerto de Algeciras como uno de los puntos neurálgicos por el que transitan cada año una media de 3,5 millones de viajeros. “Mucho del trabajo en marcha puede estar en peligro”, advierte. Esta operación ha sido cancelada en los últimos dos años por la pandemia.
Mientras los que viven de la mar asumen con desencanto la decisión del TJUE, los que trabajan de la tierra la han recibido con entusiasmo. “El acuerdo comercial actual es un desastre”, sentencia Andrés Góngora, secretario provincial de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Almería. Los agricultores de la provincia siempre han criticado los sucesivos convenios con Marruecos por suponer un perjuicio para su producción. “El período de sus exportaciones coincide con el de mayor producción por parte de España y es imposible competir con ellos en materia de exportaciones”, sostiene.
Góngora tampoco da cifras sobre las pérdidas que implica para el sector esa competencia con los productos marroquíes. “No se puede decir porque llevamos mucho tiempo con estos acuerdos, el escenario sería completamente distinto, pero no se puede calcular porque no hay con qué comparar”, indica. Pero sí asegura que los agricultores han dejado de plantar judía verde en invierno y que 6.000 hectáreas de tomate se han quedado en barbecho ante la imposibilidad de pujar en Europa con esa misma hortaliza cultivada del otro lado del Estrecho.
COAG aprovechó la crisis migratoria ceutí para reclamar la paralización de los acuerdos comerciales con Rabat. “No se puede permitir que Europa mantenga con una dictadura como la marroquí acuerdos preferenciales cuando utiliza sin escrúpulos la migración para fines políticos”, dijo entonces Góngora. Desde las asociaciones agrícolas se cuestiona no solo la mano de obra más barata en suelo marroquí o la ausencia de protocolos básicos de control de la calidad medioambiental, del producto y de seguridad para el consumidor, sino la práctica de agricultores españoles y franceses con plantaciones en Marruecos que destinan sus productos directamente al mercado europeo.
