Miles de judíos ultraortodoxos, parte de la comunidad haredí en Israel, simultáneamente bloquearon varias autopistas y cortaron servicios de trenes en una ola de protestas que tuvo lugar el 11 de junio de 2026. Estas movilizaciones se originaron en respuesta al creciente reclutamiento militar obligatorio, un tema controvertido que ha generado tensiones entre los sectores haredíes y el resto de la población israelí.
Convocadas por la Facción de Jerusalén, uno de los grupos más radicales dentro del judaísmo ultraortodoxo, las protestas llevaron a cierre de importantes rutas, como las 1, 4 y 6, y causaron un caos operativo en el aeropuerto Ben Gurión, que quedó sin conexión ferroviaria. En estos tumultuosos eventos, se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas policiales. Lamentablemente, se reportaron dos heridos, incluido un joven haredí de 21 años que fue atropellado en la ruta 1.
La jornada de manifestaciones fue en parte provocada por incidentes ocurridos el día anterior, cuando algunos protestantes vandalizaron la residencia del juez del Tribunal Supremo Noam Sohlberg. Este acto fue una reacción a una reciente orden del juez que intensificaba los arrestos de jóvenes que se negaban a presentarse al servicio militar. Como resultado, varios manifestantes fueron detenidos y transferidos a la justicia militar, lo que motivó aún más la creciente indignación.
Los manifestantes portaban carteles con el lema “Un joven detenido = una ruta bloqueada” y algunos llevaban insignias amarillas con la Estrella de David. Muchos llegaron en autobuses desde Jerusalén, Beit Shemesh, y otras ciudades con una notable población haredí. Estas no son las primeras movilizaciones de tal magnitud; el 1 de junio de 2026, decenas de miles ya habían bloqueado múltiples rutas y vías de tren, resultando en un herido grave.
El trasfondo legal del conflicto es complejo. En junio de 2024, el Tribunal Supremo determinó que no existía base legal para las exenciones que permitían a los jóvenes ultraortodoxos evitar el servicio militar desde la fundación del Estado en 1948. La implementación de esta decisión ha sido alarmantemente baja: solo 3.060 graduados de educación ultraortodoxa se alistaron en 2024, una cifra similar a la de una década atrás. Esto contrasta fuertemente con la tasa de enrolamiento del resto de la población judía israelí, que ronda el 88%.
El peso demográfico de la comunidad haredí ha exacerbado esta problemática, ya que actualmente representan el 13.5% de la población israelí y el 17% de los hombres en edad de reclutamiento. Con su alta tasa de natalidad, se prevé que uno de cada tres judíos israelíes será ultraortodoxo para 2050. Una encuesta reciente reveló que el 70% de los judíos no haredíes están a favor de eliminar las exenciones de reclutamiento, que se perciben como una carga desequilibrada en el servicio militar.
El gobierno de Netanyahu enfrenta un dilema estructural, atrapado entre la necesidad de apoyo parlamentario de partidos ultraortodoxos como Shas y Judaísmo Unido de la Torá y la presión de otros sectores de la sociedad israelí. En marzo de 2026, el Ejecutivo aprobó el presupuesto estatal sin incluir la ley de exención, que quedó archivada. A su vez, el Tribunal Supremo impuso nuevas medidas contra los evasores, calificando su comportamiento como desacato sistemático.
Con elecciones programadas para el otoño de 2026, la resolución de este conflicto se complicará aún más, ya que los intereses políticos y las dinámicas de coalición jugarán un papel crucial en su desenlace. La creciente tensión y las movilizaciones de los últimos días evidencian la profundidad del desafío que enfrenta Israel en su intento por equilibrar la justicia social y las exigencias del servicio militar.
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