La controvertida orden emitida por el gobierno de Estados Unidos para que sus fuerzas militares “eliminaran” a los cárteles latinoamericanos se conmemoró el 25 de julio, marcando un año desde su implementación. Un año en el que, lejos de acabar con estos poderosos grupos criminales, se ha puesto a prueba la paciencia de aquellos que esperaban resultados concretos más allá de declaraciones grandilocuentes y una limitada exhibición naval en el Caribe.
Cabe recordar que estos cárteles ya habían sido clasificados por Washington como “Organizaciones Terroristas Internacionales”, una etiqueta que sirvió de justificación para una fallida operación de extracción del líder venezolano Nicolás Maduro. Hoy, tras transcurrir un año, surge la inevitable pregunta: ¿cuál era la verdadera intención detrás de esta directiva?
Las especulaciones son diversas. Algunos sugieren que se trató de un golpe mediático orientado a Venezuela, un posible ensayo para un movimiento más agresivo, o quizás, como muchos aspectos de la administración anterior, una maniobra destinada a reforzar la narrativa de “acción” que Trump deseaba proyectar. Si el objetivo declarado era desmantelar cárteles, conviene preguntarse: ¿ha desaparecido, por ejemplo, el infame Cartel de los Soles? La respuesta es clara: no.
Sin embargo, esta directiva no es un simple documento olvidado. Representa, aún, la base oficial para acciones militares directas en territorios extranjeros, dirigidas contra grupos específicos. México y Colombia, entre otros países que son nodos clave en la producción y distribución de drogas que alimentan el mercado estadounidense, se encuentran en el punto de mira.
El potencial militar de Estados Unidos es formidable, y cualquier presidente decidido podría neutralizar a un cártel en un día. Pero el error crucial es haber asumido que Donald Trump era esa figura decisiva. La cruda realidad es que desarticular una organización criminal no se limita a destruir laboratorios y captar líderes; lo verdaderamente desafiante es eliminar el crimen organizado en su totalidad. Este objetivo no se logra meramente con drones y tropas, sino a través del fortalecimiento de instituciones, la protección de fiscales y policías, y el establecimiento de jueces que no sucumban ante la corrupción.
La reciente detención del líder del cártel Mayo Zambada trae a la mente una observación recurrente: eliminar a un jefe puede parecer un logro, pero suele dar lugar a una rápida regeneración de liderazgo. El tráfico de drogas, al igual que un organismo vivo, se adapta. La Administración de Control de Drogas (DEA) ha advertido que aunque la pureza de fentanilo disminuyó en 2024, los riesgos asociados han aumentado, convertidos en una “ruleta rusa” de consecuencias fatales.
Además, la atención de la estrategia ha empezado a ampliarse no solo hacia los narcotraficantes, sino también hacia políticos, policías y banqueros que facilitan sus operaciones. El norte de México se ha convertido en el tablero más crítico en este juego de poder.
La gobernadora Claudia Sheinbaum fue clara al afirmar que “Estados Unidos no va a entrar en México con su ejército”, enfatizando que la cooperación es bienvenida, pero no la invasión. Un conflicto militar no autorizado sería un desastre en términos diplomáticos, económicos y estratégicos, capaz de hacer añicos una relación bilateral ya tensa.
La complexidad de la relación México-Estados Unidos es indiscutible. Como ha señalado la experta Pamela Starr en su obra The Making of Mexico, la comprensión estadounidense sobre el país vecino es limitada. Las intervenciones pasadas solo han dejado cicatrices profundas y desconfianza mutua que, a la larga, dificultan la cooperación en otros frentes, como la migración.
Históricamente, se ha demostrado que perseguir un enfoque militar solo perpetúa el ciclo de violencia. Pablo Escobar, El Chapo y Mayo han caído, pero el comercio de drogas sigue intacto. La lucha contra las organizaciones criminales se presenta como una Guerra sin fin, una lucha que está diseñada a no concluir nunca.
En un contexto de creciente tensión, cualquier estrategia que apunte a Venezuela podría resultar desastrosa. Ya sea un golpe quirúrgico, una invasión total, o simplemente un espectáculo para satisfacer la narrativa política, todas las opciones tienen el potencial de llevar a un descalabro.
Finalmente, es vital reconocer que no se puede bombardear la delincuencia organizada hasta erradicarla. Este enfoque, que ha demostrado ser ineficaz, corre el riesgo de convertirse en un ciclo interminable de violencia. Lo que realmente podría funcionar implica paciencia, inversión y un enfoque político comprometido: deshacer los lazos entre criminales y gobiernos, fortalecer las fuerzas del orden y replantear una prohibición que sólo sirve para alimentar los mercados negros. Sin embargo, este enfoque carece del atractivo mediático de las operaciones militares.
Al cumplirse un año, el continente sigue enfrentando la misma violencia y complejidades de siempre. La estrategia del pasado no ha logrado impactar significativamente al crimen organizado; si acaso, ha atraído más atención de los medios que soluciones efectivas.
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