En los últimos años, México ha avanzado significativamente en materia de justicia laboral, pero enfrenta una paradoja alarmante. La única reforma constitucional aprobada por unanimidad en ambas cámaras y en todos los congresos estatales desde el año pasado, que establece un salario digno para maestros, policías, personal militar, médicos y enfermeros, aún no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Esta dilación afecta a millones de trabajadores del sector público, privándolos de un derecho ampliamente acordado.
La reforma al artículo 123 de la Constitución tiene dos ejes centrales: en primer lugar, garantiza que el salario mínimo jamás estará por debajo de la inflación; en segundo lugar, asegura un salario mensual para sectores clave del servicio público de al menos 16,777 pesos para 2024, cifra que se actualizará anualmente conforme a la inflación. Esta medida aborda una problemática profunda: los trabajadores de la salud, educación y seguridad han históricamente recibido sueldos por debajo de la media nacional, lo que resulta insuficiente para llevar una vida digna. Por ejemplo, muchos policías, maestros y personal de salud ganan entre 6,800 y 12,000 pesos mensuales, a pesar de la relevancia de sus funciones.
La aprobación unánime de esta reforma, impulsada desde el Ejecutivo y respaldada por legisladores de diversas fuerzas políticas, refleja una necesidad urgente de dignificar las condiciones laborales de quienes son fundamentales para el funcionamiento del Estado mexicano. El proceso legislativo incluyó foros a nivel nacional y estatal, donde la ciudadanía y expertos dejaron claro que había un consenso social y político sobre la urgencia de esta reforma. No hubo disputas significativas durante el debate, y se centró en cómo asegurar su viabilidad presupuestaria y el impacto positivo en los servicios públicos.
Sin embargo, a pesar de cumplir con todos los requisitos constitucionales, la reforma aún no ha sido publicada, lo que implica que no ha entrado en vigor. De acuerdo con el artículo 135 de la Constitución, una vez aprobada la reforma por el Congreso de la Unión y por la mayoría de los congresos estatales, debe ser publicada de inmediato. Han transcurrido más de seis meses desde que se completó este proceso, y su publicación sigue pendiente. Esta situación se considera un “veto de bolsillo” por parte de la administración actual.
Legisladores de oposición han señalado que detrás de este retraso podría estar la falta de recursos federales necesarios para implementar el aumento salarial. Aunque se estima que el impacto presupuestario ascendería a más de 39 mil millones de pesos anuales, la Secretaría de Hacienda ha declarado que la reforma no generaría una carga adicional directa. Esta discrepancia ha sido utilizada como pretexto para postergar la publicación de la reforma, a pesar de que la ley establece que no se puede condicionar su publicación a consideraciones presupuestales.
La necesidad de que esta reforma sea publicada es urgente. La falta de publicación perpetúa la desigualdad y la precariedad laboral en sectores esenciales para el país, y no únicamente se trata de justicia para aquellos que dedican sus vidas a educar, curar y proteger a la sociedad, sino de fortalecer el Estado de bienestar y mejorar la calidad de los servicios públicos.
La publicación de esta reforma no solo es un deber constitucional, sino también un imperativo ético. No hay justificación válida para seguir retrasando un derecho que ya fue reconocido por el poder legislativo. Hacemos un llamado a las autoridades para que cumplan con su obligación y publiquen esta reforma en el Diario Oficial de la Federación a la mayor brevedad posible. Solo mediante este acto se honrará el compromiso con los millones de trabajadores y con la sociedad mexicana en general. La dignidad de quienes trabajan en sectores esenciales es la dignidad misma de México.
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