Villa Mascardi es un pueblo turístico de la Patagonia argentina situado a orillas de un lago prístino y rodeado de bosques y montañas. En los últimos cinco años, esta localidad dentro del parque natural Nahuel Huapi se ha visto sacudida por enfrentamientos entre vecinos y mapuches que reclaman parte de las tierras colindantes como territorios ancestrales propios. Después del fracaso de la mesa de diálogo, el Gobierno de Alberto Fernández ha recurrido por primera vez a la fuerza: ha creado un comando unificado de seguridad y ha enviado fuerzas policiales.
Más de 200 efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería han llegado este martes a la zona para desalojar las tierras en manos de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. Los ocupantes han respondido a pedradas y han anticipado que regresarán. Durante el operativo han sido detenidas al menos una docena de personas, entre ellas una mujer en avanzado estado de gestación y cinco menores de edad.
“Vamos a trabajar en función de las decisiones judiciales. Tenemos que poder regular la situación porque no es la correcta”, ha declarado el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sin dar más detalles.
El operativo policial es complejo. En 2017, durante la Presidencia de Mauricio Macri, fuerzas policiales llevaron a cabo un violento desalojo contra esa comunidad en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. Uno de sus integrantes, Rafael Nahuel, de 22 años, fue asesinado de un disparo por uno de los agentes enviados para expulsar a los mapuches. Otros dos miembros del lof Lafken Winkul Mapu resultaron heridos. Meses antes, el artesano Santiago Maldonado, se ahogó en el río Chubut durante la huida de otro desalojo y su cuerpo sin vida tardó dos meses y medio en ser localizado. Su desaparición temporal provocó la primera gran crisis política del Gobierno de Macri.
La tía de Rafael, María Nahuel, ha advertido este martes que las tierras en disputa les pertenecen. “El Estado nos robó nuestra mapu [tierra] y por más que nos saquen siempre vamos a volver a nuestro territorio. Les pido a los mapuches que se manifiesten”, dijo en declaraciones radiales.
La Constitución argentina reconoce la personería jurídica de las comunidades indígenas de Argentina y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Sin embargo, muchos pueblos originarios fueron expulsados de los lugares que habitaban y no tienen tampoco cómo demostrar que sus antepasados vivieron allí, lo que ha generado numerosos conflictos territoriales en todo Columna Digital.
Cambio de estrategia
Hasta la fecha, el Gobierno de Fernández había apostado por el diálogo. El desalojo realizado este martes y la creación de un comando unificado de seguridad marcan un cambio de estrategia. Según Laura Taffetani, abogada que representa a la comunidad, el Ejecutivo ha cedido a la presión de grupos económicos y mediáticos que quieren expulsar de allí a los mapuches. Para el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), uno de los organismos de derechos humanos más conocidos de Argentina, ese tipo de presiones “abonan un consenso represivo”.
“Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma contra mujeres y niñes”, denunció a través de las redes el CELS. Taffetani sostiene que la “violenta actuación policial no cumple con los recaudos que deben tomarse cuando hay niños y adolescentes”. Además, advierte que el desalojo se realizó bajo el pretexto de un allanamiento en busca de evidencias relacionadas con el incendio intencional de un puesto de gendarmería la semana pasada. “El incendio se le atribuye a la comunidad y ellos no han tenido nada que ver. Pensamos que fue provocado por determinados sectores que hacen acciones violentas contra la comunidad y que es un desalojo encubierto”, asegura por teléfono.
Según medios locales, el área ocupada por los mapuches se acerca a las 40 hectáreas. De acuerdo a Taffetani, es 20 veces inferior. La causa judicial se encuentra bajo sumario y desde el Ministerio de Seguridad tampoco facilitan información.
El operativo policial ha reavivado el conflicto mapuche en la Patagonia argentina. Algunos vecinos han salido a aplaudir la actuación de las fuerzas de seguridad, mientras que otros han convocado a protestas. En la ciudad de Esquel, un grupo de mapuches ha bloqueado la salida del tren turístico La Trochita, que transportaba 180 pasajeros, y ha obligado a cancelar el servicio. En las próximas horas se prevé que la tensión se mantenga alta.
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