Las victorias y decepciones de Hayet Jamis, una mujer que padeció durante una década la pesadilla de violencia machista, encarna a la perfección las luces y las sombras en la aplicación de la ley integral contra la violencia de género en Túnez, que acaba de cumplir el quinto aniversario de su aprobación. Inspirada en la legislación española de 2004, fue un hito histórico para el movimiento feminista tunecina, pues es una ley pionera en todo el mundo árabe e islámico. Sin embargo, las herramientas que contiene para luchar contra la violencia machista no siempre se utilizan, sobre todo por el arraigado poso del patriarcado y la falta de medios del Estado tuencino.
Jamis fue una de las primeras mujeres maltratadas a quienes se aplicó la nueva legislación. “Mi exmarido ha sido condenado por abusos y violencia física en varios procesos, y en cada uno ha sido condenado a penas de cárcel que suman más de un año”, explica esta mujer de 45 años y madre de dos hijos. Vive en un humilde apartamento de un barrio popular de la capital, que ha sido el hogar familiar desde su boda hace más de quince años. En base a uno de los preceptos de la norma, el juez le concedió el derecho a continuar residiendo en su casa, y promulgó una orden de alejamiento al marido. Sin embargo, su caso es más bien excepcional.
“De acuerdo con la ley, el juez puede ordenar que la mujer agredida permanezca en el hogar familiar y forzar la marcha de su agresor. Esta era una de las innovaciones más importantes de la ley. Pero rara vez los jueces recurren a esta prerrogativa”, comenta Kenza Ben Azuz, investigadora de Human Rights Watch especializada en derechos de la mujer.
Las consecuencias de esta renuencia se agravan por la escasez de refugios de acogida para mujeres víctimas de violencia machista, una verdadera lacra en Túnez. Ahora mismo, hay tan solo cinco en todo Columna Digital, cuatro en la capital y uno en Mahdia. En total, hay 107 camas para hacer frente a las situaciones de emergencia, una cifra a todas luces insuficiente. En los últimos cinco años se han abierto otros centros, por ejemplo en la ciudad de Gabes, capital de las conservadoras provincias del sur del país, pero se han cerrado por falta de fondos.
La ley era muy ambiciosa, pero varios de sus objetivos no se han podido conseguir por falta de recursos. Por ejemplo, la legislación establece la creación del Observatorio Nacional de la Lucha contra la Violencia a las Mujeres, pero no está todavía operativo. “El Estado no ha hecho sus deberes, ya que no ha puesto en marcha los mecanismos para hacer cumplir la ley, como el Observatorio. Ni tan siquiera existe una coordinación entre los cinco ministerios involucrados”, opina Ahlem Busereuel, secretaria general de la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (ATFD), una histórica entidad feminista.
La cuestión económica es central a la hora de explicar los efectos limitados de una legislación que se anunció como revolucionaria. Entre sus logros, la derogación de la norma que permitía a un violador evitar la cárcel si se casaba con su víctima, o la tipificación como delito del acoso sexual. En teoría, el Estado debería aportar ayudas de diverso tipo a las mujeres víctimas de violencia, pero esto no sucede. Muchas se echan atrás a la hora de denunciar o retiran sus denuncias por miedo de verse repudiadas por sus familias, y quedarse sin ningún tipo de ingreso.
A Jamis no le faltó valentía, pero ahora su situación es muy precaria. “Soy una graduada de lengua árabe, pero no encuentro trabajo de profesora. Sufro una doble discriminación, por ser mujer y negra. Cualquier día me van a cortar el agua porque no puedo pagar las facturas”, dice angustiada. Además, su hijo pequeño, de 9 años, padece autismo. En Túnez, no hay escuelas públicas especiales, y las privadas cuestan unos 230 euros al mes, por encima del salario mínimo. En teoría, tiene derecho a una ayuda mensual del estado, pero la administración asegura no disponer de fondos suficientes.
Según los datos oficiales disponibles, en 2021 se produjo una explosión de denuncias por agresiones machistas, superando las 68.000, frente a las 40.000 del año anterior. De ellas, un 64% correspondieron a violencia en la pareja o expareja. Los expertos atribuyen este hecho a los confinamientos para luchar contra la Covid. Ahora bien, en ese periodo solo se encarceló a unas 200 personas por este motivo. Pero la conyugal no es el único tipo de violencia denunciada en un país donde un 75% de las mujeres declaran en el marco de un estudio sociológico haber sufrido violencias de tipo sexual en el espacio público –casi un cuarto más del 10 veces–, y un 41% violencias de tipo físico.
Uno de los motivos para la persistencia de este nivel de violencia es la sensación de impunidad. “La justicia está desbordada, y los plazos son muy lentos. Lo que hace que muchas de las denuncias se acaben retirando”, apunta Ben Azuz. Además, incluso cuando hay sentencia, no siempre se aplica. “Como mi exmarido conoce a los policías del barrio de toda la vida, estos no lo han arrestado para que cumpla su pena de cárcel. Tampoco me ha pagado las compensaciones económicas y las multas que debía”, lamenta Jamís.
Uno de los logros en la aplicación de la ley es la apertura de más de 190 unidades especializadas en violencia machista en las comisarías policiales tunecinas. Ahora bien, no siempre actúan como deberían. En algunas comisarías, aún intentan disuadir a las víctimas de denunciar y les instan a reconciliarse con el agresor, una actitud que encaja con la predominante en la sociedad. Casi un 70% de la población tunecina continúa considerando la violencia doméstica un asunto privado. “La mentalidad patriarcal es aún muy fuerte en Túnez. Hay que invertir sobre todo en la educación de la juventud. La ley por sí sola no puede cambiar la realidad”, asevera Buseruel.
La aprobación en 1956 de un código de familia muy progresista para la época, situó a Túnez en la vanguardia de los derechos de la mujer. No obstante, la sociedad no ha evolucionado al mismo tiempo que su legislación. Aunque el nuevo presidente, Kais Said, ha nombrado por primera vez en la historia una primera ministra, existe preocupación entre las asociaciones feministas ante un posible retroceso. De ideología conservadora, en su deriva autoritaria ha aprobado una nueva Constitución que exige al Estado “logre los objetivos del islam”, lo que podría ser perjudicial para los derechos humanos, y sobre todo, de las mujeres. “Esta nueva Constitución es una amenaza”, remacha Buseruel.
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