En el marco de la conmemoración del día de la resistencia indígena el pasado 12 de octubre, el Observatorio de Derechos Territoriales de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) publicó el informe “El eterno retorno de la violencia política contra los Pueblos Indígenas”. Con él, la consigna “nada que celebrar” — que se ha hecho viral en esta fecha — cobró profundo sentido, pues documentó 114 homicidios de personas indígenas, de los que 17 se dieron en el marco de siete masacres. Todo en solo 12 meses. Las cifras provienen de un análisis de los datos recogidos por el Sistema de Violencia Sociopolítica de los Pueblos Indígenas (SIVOSPI).
El informe de 49 páginas resalta tres tendencias victimimizantes que se han agudizado desde la firma del Acuerdo Final de Paz, en 2016. La primera es un ataque selectivo a los liderazgos indígenas: el 68% de los asesinados fueron líderes comuneros; en los casos restantes, la víctima ejercía algún tipo de rol social o político dentro de su comunidad, como médicos tradicionales, autoridades o guardias. Asimismo, el rango etario de los homicidios en el último año se ubicó entre los 18 y 32 años. Ese patrón inquieta a las comunidades, pues muestra que sus nuevas generaciones de liderazgos políticos vienen siendo perseguidas, lo que ataca sus ejercicios de organización política.
“Para los pueblos indígenas una preocupación enorme es que varios de los asesinatos tienen que ver con lideres y lideresas que han venido exigiendo y protegiendo el territorio. Es deber y obligación del Estado brindar garantías para su protección. Llegar con inversión y materializar el derecho a la formalización de los territorios en donde estamos los pueblos indígenas”, dijo a Columna Digital Camilo Niño, líder arahuaco y secretario técnico de la CNTI.
La segunda tendencia es que los homicidios se concentran en el sur occidente del país; y la tercera es que la violencia se dirigió particularmente aguda contra las comunidades Nasa y Awá. Ambos pueblos fueron las mayores víctimas de los homicidios de población indígena en 2021, con un 45% y 19% respectivamente. En el caso del pueblo Awá, las denuncias de un genocidio en su contra se han extendido por más de una década. Cuatro de cada cinco asesinatos se dieron en cuatro departamentos: Cauca (42,9%), Nariño (25%), Chocó (8,7%) y Putumayo (5,2%).
Las CNTI encontró que los siete municipios en donde hubo más homicidios concentran el 57% de las solicitudes de trámites de tierras de pueblos indígenas, como ampliación, saneamiento, reestructuración o clarificación de la vigencia de títulos. Para Viviana Gómez, quien trabajó en el informe como investigadora, no es una coincidencia: “los pueblos indígenas han tenido que continuar en su ejercicio de resistencia por la defensa del territorio y de la vida ante un contexto de violencia política bastante complejo que atenta contra sus procesos comunitarios y organizativos”, afirma la politóloga. Además de los homicidios, el informe resalta que las siete masacres de 2021 es el número más alto de masacres desde el 2016. Las zonas más afectadas se repiten: tres se dieron en Nariño, dos en el Cauca, una en Putumayo y otra en La Guajira. “En el marco del conflicto armado interno, la ejecución de masacres se configuró como un dispositivo de violencia ejercido en contra de los pueblos indígenas, propiciando escenarios territoriales de total desprotección con el propósito de su exterminio físico y de sus procesos políticos y colectivos por la defensa de la vida y sus territorios”, se lee en el documento.
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July Calderón, quien fue coordinadora del Observatorio y lideró el informe, subraya que estos hechos alimentan un continuum de violencias. Por ejemplo, la nación Embera vive en sus territorios, en Chocó y Risaralda, una compleja situación de orden público.- Por eso, decenas de sus miembros se han visto obligados a desplazarse forzosamente a otras ciudades como Bogotá, donde han sido revictimizadas y no ha encontrado garantías dignas para vivir – y tampoco para retornar a sus tierras.
Las diferentes autoridades indígenas que hacen parte del CNTI también resaltan la dificultad para identificar a los responsables de los delitos en su contra. Cifras citadas en el informe muestran que en el 66,6% de homicidios no se pudo identificar al presunto perpetrador, lo que profundiza la sensación de impunidad en las comunidades. Para Niño, el líder arahuaco, esta violencia está directamente vinculada a la incertidumbre que enfrentan los territorios indígenas colectivos en términos legales y es enfático en la necesidad de resolver las demandas históricas de estos pueblos.
“Hoy existen más de 1.451 procesos agrarios. El Gobierno debe buscar un mecanismo ágil que materialice el derecho de los pueblos indígenas a través de la formalización de tierras. Este informe demuestra una clara relación entre esa inseguridad jurídica de los territorios colectivos y el incremento de la violencia”. Para el lider, esto va de la mano con la implementación integral de lo firmado en La Habana, en particular el capítulo étnico que hasta ahora no se ha reflejado en la calidad de vida de los pueblos indígenas.
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