La reciente acusación de la Casa Blanca ha encendido el debate en torno a la relación comercial entre México y Estados Unidos. Se ha planteado que México actúa como un “caballo de Troya” para que China penetre el mercado estadounidense. Esta alerta llega en un momento crítico, justo cuando se lleva a cabo la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Si bien el diagnóstico político puede tener sustento, los fundamentos económicos detrás de esta denuncia son más cuestionables.
Un informe titulado “The Great Transshipment Scam”, publicado el 13 de agosto y redactado por Peter Navarro, presenta cifras alarmantes: estima que el perjuicio económico oscila entre 40,000 y 303,000 millones de dólares anuales. Este amplio rango, que implica una variación de 7.5 veces, plantea serias dudas sobre la validez de estas estimaciones. De hecho, el impacto del 13% del extremo superior no es tan catastrófico como para ser considerado evidencia de un fraude sistemático.
Las investigaciones académicas recientes sobre las dinámicas comerciales tras 2018 refuerzan esta perspectiva. Estudios de académicos como Alfaro-Chor y Grossman-Helpman-Redding han evidenciado una relocalización productiva y una integración en cadenas globales, distanciándose de la noción de un fraude generalizado. En un análisis más riguroso elaborado por investigadores de Harvard Business School, se descubrió que el transbordo real solo ha contribuido con un 8.8% al crecimiento de las exportaciones vietnamitas a Estados Unidos, en contraste con el 21% que se señala en las métricas generales. Considerando que Vietnam comparte una proximidad geográfica con China y enfrenta las mismas tarifas arancelarias, sus condiciones son más susceptibles al fenómeno en cuestión.
Históricamente, el transbordo ha existido en México desde antes de la imposición de aranceles, y los datos sugieren que representa un fenómeno marginal frente a la totalidad de las exportaciones. La metodología del informe de Navarro no solo exagera este fenómeno menor, sino que lo utiliza como una justificación para renegociar el T-MEC bajo presión. Más que un diagnóstico económico, su propuesta se confecciona como un instrumento político.
Este contexto deja a México en una posición difícil. Ante una acusación que, aunque imprecisa, posee un fuerte impacto político, la respuesta mexicana se encuentra débil debido a la falta de datos precisos. Actualmente, México no publica estadísticas espejo en relación a China y carece de registros claros sobre el valor agregado nacional de sus exportaciones al norte. Además, no se tiene un registro público eficaz sobre la propiedad empresarial, lo que dificulta conocer la verdadera nacionalidad de las empresas en el país.
La discrepancia de información crea una asimetría inquietante: Estados Unidos presenta estimaciones opacas, mientras que México no cuenta con los datos necesarios para refutar tales afirmaciones. En negociaciones asimétricas, la falta de respuesta se interpreta como una aceptación tácita de la acusación.
Sin embargo, existen medidas que México podría implementar de forma técnica y rápida, sin necesidad de reformas legislativas. Durante los siguientes 90 días, podría replicar el análisis de Harvard para ofrecer datos propios, auditar el programa IMMEX y publicar resultados de manera trimestral. También se podría aumentar el contenido regional automotriz al 80% antes de que sea exigido por la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) y establecer un registro público de propiedad efectiva, un paso que la OCDE ha recomendado desde hace años.
Estas son cinco acciones que, sin requerir modificaciones legales, sí demandan decisión política. El informe de Navarro no describe un fenómeno real, sino que se convierte en una acusación. Al final del día, la literatura empírica y el contexto actual sugieren una narración diferente, que México deberá abordar con urgencia y estrategia.
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