El Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna (Tenerife) ha decretado el ingreso en prisión de los dos supuestos cabecillas de una trama criminal que cobraba alrededor de 1.000 euros para facilitar documentación falsa o de terceros a menores inmigrantes no acompañados y trasladarlos desde Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote a la Península. Los otros presuntos integrantes de la red han quedado en libertad provisional con obligación de comparecer en sede judicial cada 15 días. Todos ellos están siendo investigados por delitos contra los derechos de los extranjeros con ánimo de lucro en el seno de una organización criminal y falsedad documental, según el auto del juzgado.
La Operación Akron ha destapado una “compleja estructura” con “ánimo de lucro”. Las dos personas detenidas, asegura la titular del juzgado, actuaban en calidad de captadores y pasadores, además de ser los supuestos “líderes”. Otras seis personas tenían el cometido de facilitar los pasaportes; y la novena, era la encargada de reservar y abonar los vuelos. Los trabajos policiales comenzaron en enero, cuando la responsable de un centro de menores Puerto de la Cruz (en el norte de Tenerife) avisó a la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal (UCRIF) de que había detectado a diversas personas ajenas a la asociación que gestiona el centro que contactaban con internos para convencerlos de que les podían facilitar documentación de sus países de origen y que, además, podían ayudarles a salir de la isla y viajar a la Península.
Poco después, el 8 de febrero, las autoridades constataron la desaparición de dos menores tutelados, hecho que se denunció en una comisaría de la localidad. Los responsables del centro verificaron que estos dos menores tenían la intención de viajar, y que de haberlo logrado, lo habrían hecho con documentación falsa, dado que sus cartas de identidad obran en poder del centro. Luego se tuvo constancia de que ambos menores habían ingresado en un centro de menores de Valencia con documentación de terceros y que a su llegada habían asegurado que volaron desde Tenerife a Málaga —sin precisar cómo llegaron a Valencia— y que fueron sus familias las que costearon el viaje. Las sospechas crecieron después de que otro menor asegurase “espontáneamente” poco después que logró volar “gracias al billete de avión comprado por personas que se dedican a este fin”. Este menor también viajó con documentación de terceros. El 6 de marzo, se constataron otras dos desapariciones, lo que llevó a la Policía a montar un dispositivo de vigilancia en los aeropuertos el día siguiente, gracias a los cuales se los detiene en Tenerife Norte antes de embarcar en un avión de Vueling dirección a Málaga con documentación y tarjetas de embarque a nombre de terceros.
Esta operación resulta clave, dado que permite contactar con la aerolínea para comprobar otros posibles vuelos con las filiaciones de los pasaportes que portaban los adolescentes. Descubren así que estas han sido usadas en distintos vuelos desde Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife, “algunos con muy poca diferencia horaria”, y siempre acompañados de un “acompañante pasador”. A medida que pasan los meses se van sucediendo los dispositivos y se van conociendo las identidades de tanto de los pasadores como de los pagadores. Se pinchan teléfonos en los que se explican viajes próximos y se hablan de las tarjetas de identidad que se van a usar. El auto detalla, a su vez, operaciones abortadas por parte de los supuestos criminales justo antes de acceder a los controles de seguridad de los aeródromos.
En junio, la vigilancia de las llamadas telefónicas permite obtener más detalles de la operativa de la trama e, incluso, relacionarlos con tráfico de drogas y de productos falsificados o sobornos a los funcionarios de aduanas de Marruecos. El desarrollo de las pesquisas se dilató hasta la semana pasada, cuando se llevaron a cabo las detenciones.
El repunte de llegadas de migrantes a través de la llamada ruta canaria ha conllevado la llegada de menores no acompañados, cuya tutela corresponde al gobierno autonómico. Actualmente, hay en Canarias más de 2.400 menores sin la compañía de sus familias. Unos 1.998 se encuentran en dispositivos del Gobierno regional, que cuenta con 50 centros –31 en Gran Canaria, 15 en Tenerife, uno en El Hierro y tres en Fuerteventura–, y 433 menores están ubicados en centros dependientes de los cabildos insulares.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial.
La nota precedente contiene información del siguiente origen y de nuestra área de redacción.
