Un juez federal de Austin (Texas) ha bloqueado temporalmente la aplicación de la restrictiva ley antiaborto aprobada recientemente en el Estado, que prohíbe la interrupción del embarazo a partir de la sexta semana y que se conoce popularmente como “ley del latido”.
El fallo del magistrado Robert Pitman se inscribe en la pugna entre el Estado, gobernado por el republicano Greg Abbott, y la Administración del demócrata Joe Biden, que el mes pasado demandó a Texas por medio del Departamento de Justicia por conculcar un derecho constitucional, después de que el Tribunal Supremo rehusara bloquear su aplicación. El propio Biden ha reiterado que la prohibición de Texas viola la Constitución.
En la sentencia, Pitman establece: “Este tribunal no sancionará ni un día más esta ofensiva privación de un derecho tan importante”, consagrado en 1973 con el fallo de la causa Roe versus Wade.
Los republicanos buscaban desde hacía tiempo revertir ese derecho y gracias a la mayoría conservadora en el Tribunal Supremo, creían haberlo conseguido.
El precedente de Texas, una ley tan restrictiva que contempla incluso la delación por terceros de casos de aborto o penas para cualquier persona involucrada en la intervención —de taxistas que trasladen a las mujeres a personal auxiliar de las clínicas—, podría repetirse el próximo 1 de diciembre, cuando el Supremo considere la ley antiaborto de Misisipi, similar a la de Texas aunque con un límite de gestación más prolongado (quince semanas).
Se prevé que el Estado de Texas recurra ante el tribunal de apelación del Quinto Circuito, radicado en Nueva Orleans y de mayoría republicana.
Pitman es un magistrado demócrata, que fue nombrado durante el mandato de Barack Obama. En una sentencia de 113 páginas, el letrado, alineado con la Administración de Biden, revierte, al menos temporalmente, una ley que no solo ha obligado a muchas mujeres a desplazarse a Estados vecinos para interrumpir su embarazo, sino que ha espoleado el debate sobre el aborto, con los republicanos marcando la agenda y el tono de la discusión, y con Texas como epicentro nacional.
La restrictiva ley texana prohíbe casi totalmente el aborto, en cualquiera de sus supuestos, incluidos la violación o el incesto, al establecer como plazo máximo el inicio del latido fetal, algo que sucede en torno a la sexta semana de gestación y que hace que muchas mujeres no tengan constancia siquiera de su gravidez aunque ya sea perceptible el latido del embrión.
El Supremo, conformado a su imagen por Donald Trump con el nombramiento de tres de sus miembros, el último en el tramo final de su presidencia, rehusó bloquear la ley de Texas el mes pasado, en un fallo que registró cinco votos a favor frente a cuatro contrarios, aunque no se pronunció sobre si el texto y su mecanismo de aplicación son constitucionales, por lo que dejó la puerta abierta a abordar eventualmente esas cuestiones.
