Un juez ha pedido la detención de Gualberto Rámirez, uno de los mandos de la antigua administración de la Fiscalía, por torturar a un detenido durante las pesquisas del caso Ayotzinapa. Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a este diario la orden de aprehensión, la segunda contra el exfuncionario, que permanece en paradero desconocido. En 2014, Ramírez dirigió los primeros pasos de la investigación por el caso Ayotzinapa. Encargado de la unidad antisecuestros de la dependencia, pidió la baja en 2019.
Junto al prófugo Tomás Zerón y el olvidado Jesús Murillo Karam, Ramírez es un personaje importante en la construcción de la verdad histórica, la cuestionada narrativa elaborada durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), sobre el ataque contra los estudiantes normalistas en septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. Entonces, Murillo Karam era el procurador, Zerón el coordinador de las investigaciones y Ramiréz el eslabón inmediatamente inferior.
La Fiscalía acusa al exfuncionario de participar en la tortura contra uno de los presuntos atacantes, Felipe Rodríguez, alias El Cepillo. Supuesto integrante del grupo delincuencial Guerreros Unidos, parte de la red criminal que lanzó la cacería contra los estudiantes, El Cepillo fue uno de tantos detenidos torturados durante los primeros meses de la investigación. En un informe divulgado en 2017, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México señaló que al menos 34 detenidos por el caso habían sido torturados.
En el caso concreto de El Cepillo, Ramírez comparte acusación con Tomás Zerón. En 2020, en un video del interrogatorio filtrado a los medios, El Cepillo aparecía con el torso desnudo y la cabeza tapada, en un cuarto junto a Zerón. El expolicía le decía al detenido: “Dime todo lo que sepas de los estudiantes. La primera mentira que me digas, se acabó el tema y empezamos”. Ramírez estaba con ellos en la misma habitación. Zerón está acusado además por la tortura de otro detenido, Agustín García Reyes, alías El Chereje.
Por el caso de El Cepillo, la unidad especial de la Fiscalía que investiga el caso, dirigida por Omar Gómez, busca igualmente la detención de un funcionario de alto rango del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Ignacio Mendoza, presente igualmente en el interrogatorio. Entonces funcionario del CISEN, predecesor del CNI, Mendoza está acusado de tortura, coalición de servidores públicos, intervención de comunicaciones privadas y desaparición forzada de personas, en su modalidad de encubrimiento.
Las acusaciones de tortura contra Mendoza, Ramírez y el propio Zerón nacen de una batería de vídeos que el mismo CNI entregó a la Fiscalía. Desconocidos hasta hace dos años, negada su existencia en solicitudes de información amparadas en la ley de transparencia, los vídeos han ampliado el conocimiento que los investigadores tenían del uso de la tortura durante los primeros meses de la investigación, a finales de 2014 y principios de 2015.
Más allá de la tortura, el papel de Ramírez en la construcción de la verdad histórica es central. El funcionario participó en uno de los eventos centrales de la vieja narrativa, el supuesto hallazgo de restos de uno de los normalistas, Alexander Mora, en el río San Juan. Los investigadores de la actual administración de la Fiscalía señalan que aquel hallazgo fue un montaje. Así, rechazan las conclusiones del Gobierno de Peña Nieto, Murillo y el propio Zerón: el asesinato de los 43 normalistas desaparecidos durante el ataque, la quema de sus cuerpos en el basurero del pueblo vecino de Cocula y la posterior desaparición de los restos en el río.
Ramírez aparece justamente en el escenario del río. Según la vieja investigación, el detenido García Reyes y otro presunto integrante de Guerreros Unidos, Jonathan Osorio, fueron trasladados a la zona del río el 29 de octubre de 2014, donde habrían señalado el lugar donde arrojaron restos de los muchachos. Al rato, elementos de la Secretaría de Marina encontraron en la zona bolsas con restos óseos. El laboratorio acabó confirmando que los restos habían pertenecido en vida al estudiante Mora.
La pesquisa del grupo de expertos comisionado por la OEA descubrió, sin embargo, que aquella visita del 29 de octubre venía precedida de otra, el día anterior, que no constaba en el expediente. Zerón y compañía trataron de ocultar aquella visita, incluso de los peritos que actuaban en la zona en nombre de las familias en la época, el Equipo Argentino de Antropología Forense. Gómez y su equipo creen ahora que aquella visita previa sirvió para colocar los restos de Mora en el río, asunto que apuntaló años atrás la narrativa del basurero.
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