El presupuesto destinado por el Gobierno de México a la salud mental en la última década ha sido alarmantemente bajo: menos de 30 pesos por persona. Este escenario plantea una pregunta crucial: ¿cómo es posible que se asigne un monto tan reduzido a un problema que afecta, por lo menos, al 15% de la población? En lugar de referirnos de manera abstracta a la salud mental, es vital mencionar realidades concretas como la depresión, ansiedad, esquizofrenia, autismo, estrés postraumático y adicciones.
La inacción en este ámbito puede interpretarse como una falta de visión, insensibilidad y, en última instancia, como una mezquindad social. Esta situación no es exclusiva de México; a nivel global, los países ricos invierten cerca de 65 dólares per cápita en salud mental, mientras que las naciones más desfavorecidas apenas alcanzan los 0.04 dólares, según el informe 2024 del Atlas de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud. Así, el presupuesto mexicano para esta materia es 40 veces mayor al de los países más pobres, pero 40 veces menor que el de aquellos más desarrollados.
En términos concretos, el gasto en salud mental en México representa entre el 1.2% y el 1.6% del total del presupuesto de salud, una cifra que especialistas consideran insuficiente. En lugar de mantenerse en 3,400 millones de pesos, debería aproximarse a los 10,000 millones de pesos.
Este déficit presupuestario no solo impacta la atención pública, sino que también genera una carga financiera significativa sobre las familias. Una sola sesión de terapia puede costar entre 450 y 2,500 pesos, lo que se suma a un gasto no menor en medicamentos. En un país donde el salario promedio ronda los 600 pesos diarios, resulta evidente que la mayoría de las personas no recibe la atención necesaria.
Un aspecto crítico de esta crisis es la escasez de profesionales. La OMS sugiere que debería haber al menos un psiquiatra por cada 10,000 habitantes, pero en México esta cifra es alarmantemente baja: solo 0.3 psiquiatras. Esta disparidad ocasiona una alta demanda insatisfecha y la posibilidad de que la calidad de atención sea deficiente.
Estadísticas sobre suicidio revelan un aumento notable: de 5.1 por cada 100,000 habitantes en 2014 a 6.8 por cada 100,000 en 2024, lo que representa un incremento del 30% en diez años. Este fenómeno plantea inquietantes interrogantes sobre cuántas personas realmente necesitan atención y cómo garantizar su bienestar.
Las enfermedades mentales no solo afectan a quien las padece, sino que generan un costo significativo a nivel económico. A nivel global, la depresión y la ansiedad representan pérdidas anuales de un billón de dólares, o 0.9% del PIB mundial. Si aplicáramos este porcentaje a México, los costos podrían ascender a cerca de 31,000 millones de pesos al año.
Sin embargo, esta cifra podría ser incluso mayor, considerando que muchas personas sufren sin recibir la ayuda adecuada. Se estima que tres de cada diez individuos experimentarán un episodio significativo de salud mental en su vida, mientras que dos de cada tres de ellos no recibirán atención.
Los costos relacionados con enfermedades mentales se dividen en directos e indirectos. Los directos son aquellos gastos en medicinas y tratamientos, y los indirectos involucran impactos en la productividad laboral. La pérdida de productividad puede acercarse al 30%, manifestándose en ausentismo o presentismo, donde los trabajadores están presentes físicamente, pero no rinden.
En el contexto laboral, alrededor de 41 millones de personas en edad de trabajar están económicamente inactivas en México; un año atrás, eran 1.3 millones menos. Aunque muchos de ellos participan en actividades domésticas o educativas, no hay claridad sobre cuántos no están en el mercado laboral debido a problemas de salud mental.
La cuestión en este contexto es clara: ¿podemos aspirar a un presupuesto que sea más sensible y empático ante las problemáticas de salud mental? Sin duda, es hora de considerar profundamente el estado de la salud mental en México y la férrea necesidad de un cambio significativo.
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