En un reciente discurso, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó la función crucial del Estado en la asignación de recursos destinados a derechos fundamentales como educación, salud, vivienda y alimentación, además de sectores estratégicos como el petróleo y la electricidad. Afirmó que, aunque se han destinado un billón de pesos a programas de bienestar que han contribuido a la reducción de desigualdades y pobreza en el país, es necesario colaborar con la iniciativa privada para lograr un desarrollo integral que beneficie a todos los mexicanos.
Sin embargo, este planteamiento revela una clara noción estatista. La presidenta no parece abogar por una mayor eficiencia del sector privado; más bien, la participación privada se percibe como un “mal necesario”, resultado de restricciones presupuestarias que limitan la capacidad del gobierno para actuar en múltiples frentes económicos. Así, el gobierno debe recurrir a la inversión privada, aunque lo haga bajo la premisa de una rectoría del Estado en la economía, un concepto que despierta controversia.
Además, el énfasis en que el gobierno debe ser productor de petróleo y electricidad plantea cuestiones fundamentales. Los bienes privados, como el petróleo y la electricidad, requieren un enfoque diferente. Aunque estas actividades estén bajo el control de empresas estatales, su naturaleza no las convierte en bienes públicos. Esta lógica también se aplica a otros sectores, como el transporte y la producción de litio. El hecho de que estas empresas gubernamentales operen en mercados de bienes privados suele generar ineficiencias económicas, resultando en pérdidas que deben ser cubiertas con transferencias del gobierno federal. Estos fondos, en lugar de ser destinados a gastos públicos fundamentales como la educación y la salud, se desvían hacia la ineficiencia del modelo estatal.
Además, la dificultad de atraer inversión privada radica en la erosión de la certeza jurídica. La pérdida de independencia del poder judicial y la existencia de un entorno hostil hacia las empresas no contribuyen a una atmósfera favorable para la inversión. Los cambios normativos, como las reformas a la Ley de Amparo, han dejado desprotegidos tanto a individuos como a empresas frente a acciones gubernamentales que vulneran sus derechos. Estas barreras apenan el crecimiento económico, reforzando la percepción negativa hacia la colaboración con el sector privado.
En este contexto, es fundamental que la presidenta reevalúe su percepción de la inversión privada. No debe considerarse como un mal necesario, sino como una fuente indispensable de crecimiento económico y creación de empleo formal. Un enfoque que fortalezca el Estado de derecho podría catalizar un entorno más propicio para la inversión.
Finalmente, es importante señalar que el próximo 30 de abril, el INEGI publicará la estimación oportuna del PIB correspondiente al primer trimestre. Las proyecciones indican que podría haber una contracción en comparación con el cuarto trimestre del año pasado. Sin inversión privada, es complicado asegurar un crecimiento sostenido en el futuro. Un cambio en la visión hacia el sector privado podría ser clave para evitar un estancamiento económico en el país.
(Actualización: datos de 2026-04-27 00:46:00)
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