Entre 2008 y 2011, la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de la pedanía murciana de Santo Ángel, de unos 6.000 habitantes. Registró una inusitada cantidad de bodas en las que uno de los contrayentes era de nacionalidad nigeriana. En total, se han confirmado 16 de esos matrimonios, que se celebraban previo pago de entre 300 y 7.000 euros. El cura que firmó los enlaces, Fernando N., ha sido condenado a 20 meses de prisión y unos 1.000 euros de multa tras llegar a un acuerdo en el juicio con la Fiscalía, que pedía inicialmente 5 años de cárcel y 6.000 euros de sanción.
En el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de Murcia, el sacerdote, que según publican medios locales sigue en activo en la iglesia de Nuestra Señora de Gracia de Cartagena, ha reconocido los hechos a cambio de esa rebaja de la condena. En la Diócesis de Cartagena han respondido con un “no vamos a hacer declaraciones” a las preguntas sobre si sigue en activo o si el religioso se enfrenta ahora a algún tipo de medida disciplinaria.
Según las conclusiones del fiscal, Fernando N. se encargaba personalmente de contactar con hombres y mujeres de nacionalidad nigeriana que residían de manera irregular en España para proponerles los matrimonios de conveniencia. A sus parejas ficticias, españoles residentes en Murcia y Alicante, las seleccionaban otros dos hombres también acusados en este proceso, y les pagaban a cambio de entregar toda la documentación necesaria para que el párroco confeccionase la notificación de matrimonio canónico. Con ese título, los extranjeros podían solicitar su residencia legal en España en el Registro Civil.
El cura
Según el relato del fiscal, no cumplía con ninguno de los requisitos que tienen los matrimonios católicos: no exigía una dispensa para celebrar la unión entre un bautizado y un no bautizado, no publicaba las amonestaciones y en la notificación matrimonial “hacía constar domicilios inveraces o inexistentes” de los contrayentes. Por supuesto, no había una “celebración efectiva” de la ceremonia matrimonial.
La Fiscalía ha registrado hasta 16 de estos matrimonios falsos entre los años 2008 y 2011 y asegura que durante la investigación se constataron otras notificaciones matrimoniales firmadas por Fernando N., pero los contrayentes no fueron localizados por la policía.
En su calificación inicial, el fiscal pedía para el sacerdote 5 años de prisión y 6.000 euros de multa por un delito continuado de falsificación de documento oficial cometido por persona responsable en una confesión religiosa y por un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. En el juicio, el sacerdote ha reconocido los hechos y ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Fiscal, que le ha rebajado la pena a 20 meses de prisión y apenas 1.000 euros de multa.
