La situación financiera del país ha sido objeto de debate, especialmente en el contexto de los últimos comentarios de la presidenta sobre el incremento de la deuda en el último año del gobierno de López. La afirmación de que se incurrió en un “poquito de deuda” es un eufemismo que oculta una realidad más compleja y preocupante: no se trató de un simple aumento, sino de un endeudamiento significativo que no solo no ha logrado concluir importantes obras, como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, sino que ha repercutido negativamente en las finanzas públicas del país.
Desde el inicio de su administración, la política fiscal del gobierno ha mostrado un deterioro evidente. La administración no implementó un enfoque conservador en las finanzas, sino que dio lugar a un aumento constante de la deuda pública. Entre 2018 y 2024, el saldo de los Requerimientos Financieros del Sector Público pasó de 10.6 billones a 17.4 billones de pesos. Este incremento de casi siete billones de pesos es significativo y preocupante. En 2024, la deuda representará un 51.3% del PIB, lo que coloca las finanzas nacionales en una posición crítica que podría afectar la calificación crediticia del país.
Además de la creciente deuda, una parte sustancial de los recursos públicos se ha destinado a Pemex y a varios programas sociales, muchos de los cuales han sido calificados como deficitarios y con rentabilidad social negativa. Específicamente, la inversión en la refinería de Dos Bocas se duplicó, pasando de un presupuesto original de 211,000 millones de pesos a 400,000 millones, y el Tren Maya vio su costo incrementarse de 197,000 millones a 544,000 millones.
La importancia de evaluar la rentabilidad de estos proyectos es crucial, ya que los recursos desviados a estas obras no solo han generado una pérdida de bienestar social, sino que también contribuyen a un escenario de crecimiento económico más limitado en el futuro. Si bien se ha destinado un billón de pesos a estas iniciativas, la afirmación de que los recursos de 2024 se orientan únicamente a completar estas obras resulta engañosa. Gran parte de los fondos se han destinado a saldar compromisos con un Pemex en crisis y a programas de transferencias que han sido criticados por su baja efectividad.
Con miras al futuro, se proyecta que para fines de 2025, el saldo de los Requerimientos Financieros del Sector Público ascenderá a 18.8 billones de pesos, un aumento considerable que subraya la necesidad de un análisis crítico de la política fiscal actual. Este creciente saldo de deuda plantea serias inquietudes sobre la sostenibilidad financiera del país y el efecto que tendrá en áreas críticas como educación, salud y seguridad pública. Las palabras de la presidenta, minimizando el impacto del endeudamiento, contrastan con la realidad que enfrentan los ciudadanos y las finanzas del Estado.
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