Un tribunal ucranio ha impuesto arresto domiciliario al diputado prorruso Víktor Medvedchuk, líder del mayor partido de la oposición en el Parlamento y aliado cercano del presidente ruso, Vladímir Putin. La fiscal general de Ucrania acusa a Medvedchuk y a Taras Kozak, otro conocido político de Plataforma de la Oposición por la Vida, de “alta traición” y de “saqueo de recursos nacionales” en Crimea, la península ucrania que Rusia se anexionó en 2014 con un referéndum considerado ilegal por la comunidad internacional. El diputado ha negado haber cometido irregularidades y ha cargado contra la medida judicial que define como “represión política”.
El proceso contra Medvedchuk, que tiene estrechos vínculos personales con Putin, padrino de su hija, y el desarrollo del caso puede aumentar las tensiones entre Kiev y Moscú después de unas semanas de escalada por el gran despliegue militar de Rusia junto a las fronteras ucranias. Allí, según Kiev, aún quedan decenas de miles de soldados a pesar de que Moscú anunció que empezarían a retirarse a partir del 23 de abril. Medvedchuk se considera uno de los aliados políticos más potentes de Rusia en Kiev. Su partido tiene 44 escaños en el Parlamento, de 422 miembros, aunque en las últimas semanas en las encuestas de popularidad ha perdido el segundo lugar y ocupa ahora el tercero en intención de voto, por detrás del partido del expresidente Petro Poroshenko.
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El diputado ya no tiene inmunidad parlamentaria desde que a principios del año pasado entró en vigor en Ucrania una esperada ley para abolirla, compromiso del Gobierno para luchar contra la corrupción. La fiscal general de Ucrania, Irina Venediktova, plantea tres puntos en los casos contra Medvedchuk: sospecha que el diputado y oligarca compartió información con Rusia —a través del diputado Kozak— sobre una unidad militar ucrania en el Donbás, donde las tropas de Kiev luchan contra los separatistas prorrusos apoyados política y militarmente por el Kremlin en un conflicto que dura ya siete años.
Medvedchuk está acusado además de adquirir yacimientos de petróleo y gas en el mar Negro, frente a las costas de Crimea, en connivencia con Rusia. Además los servicios secretos ucranios creen que Medvedchuk estaba creando una red enfocada a los trabajadores migrantes y estudiantes ucranios en Rusia para recopilar sus datos y compartirlos con los servicios secretos rusos con el interés, dice la fiscal, de reclutarles para “misiones de propaganda” o de espionaje.
El caso es parte de una campaña más amplia contra Medvedchuk —que está en la lista de sanciones de Estados Unidos por ayudar a socavar la soberanía de Ucrania— lanzada por las autoridades ucranias el pasado febrero, cuando congelaron sus activos financieros y los de su esposa, durante tres años, y ordenaron el bloqueo de tres canales de televisión controlados por el oligarca —aunque son propiedad formalmente de Kozak—, alegando que representan un riesgo para la seguridad nacional al difundir desinformación del Kremlin.
La Fiscalía pedía prisión provisional para Medvedchuk y Kozak, a quien no han localizado en Ucrania. Sin embargo, tras una vista judicial que duró más de ocho horas, un tribunal de Kiev dictó el jueves por la noche arresto domiciliario para el político hasta el 10 de julio, con posibilidad de presentar una fianza de unos 10 millones de dólares. Las autoridades le han retirado el pasaporte y debe llevar un brazalete electrónico para controlar que no sale de casa. Si son declarados culpables pueden enfrentarse a una pena de hasta 15 años de cárcel. “No se permite considerar que Crimea es parte de otro Estado”, ha escrito en su página de Facebook la fiscal Venediktova. “Tampoco está permitido crear un ejército de payasos de la información y dominarlos como títeres según los propios intereses antiucranios”, ha añadido.
Medvedchuk ha declarado en un comunicado que los cargos en su contra son “fabricados”. En una nota, su partido ha cargado contra la medida judicial y ha insistido en que los procesos contra el diputado son “un claro indicador del deslizamiento de Ucrania hacia la dictadura”. El Kremlin, que ha dicho en varias ocasiones antes que Putin tiene un gran respeto por Medvedchuk y que valora su papel como “intermediario” con Kiev, ha declarado que no interferirá en el caso. Sin embargo, el portavoz de Putin, Dmitri Peskov, remarcó que observa “de manera cuidadosa” el caso; también que “querría asegurarse de que no haya motivos políticos tras el proceso”.
Mientras, el ex primer ministro ruso Dmitri Medvedev, ahora jefe del Consejo de Seguridad Nacional, ha calificado el caso contra Medvedchuk y Kozak como una “caza de brujas” con el objetivo de “desviar la atención” de los problemas del presidente ucranio, Volodímir Zelenski. “Las amenazas a dos políticos con términos reales por cargos inventados no podrán mejorar las calificaciones de los funcionarios actuales. Más bien, por el contrario, conducirán a una mayor degradación del sistema y exacerbarán su demencia política”, ha dicho Medvedev, según una nota difundida por el partido que encabeza, Rusia Unida, al que el Kremlin da su apoyo.
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