A las cinco de la tarde, Rafael López Aliaga, el empresario de ultraderecha que se ubicó en el tercer lugar en las elecciones presidenciales de 2021, era el virtual alcalde de la capital del Perú. El boca de urna de la encuestadora Ipsos lo situaba en el primer lugar con un 26,8% mientras que su contendor, Daniel Urresti (Podemos Perú) figuraba con 25,8%, exactamente un punto menos.
La diferencia era mínima y, por tanto, no podía cantarse victoria. Era un resultado, además, acorde a los últimos simulacros de votación. Pero a los seguidores de la ola celeste el baldazo de agua fría les cayó casi a las once de la noche, cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el ente que vela por los votos, expuso su conteo rápido al 47,055%.
En él, Urresti, un general en retiro que participa por cuarta vez en unas elecciones, le ha dado vuelta con un 26% y una ventaja por encima del punto. López Aliaga, el miembro del Opus Dei que se autoproclama como el candidato de los cerros, registra un 24,8%.
Sin embargo, a la par la encuestadora Ipsos publicó su conteo rápido al 100% en Lima Metropolitana, dando un empate técnico entre López Aliaga y Urresti con un 25,9%. Las cifras han enervado al electorado que apoyó al aspirante que se autoidentifica con Porky, el cerdo animado de los Looney Tunes.
El estrechísimo margen podría desencadenar una ola celeste de acusaciones y reclamos en mesa. En Twitter, la red social más política, han comenzado a gestarse, tal y como sucedió en junio de 2021, cuando Pedro Castillo, un maestro campesino con experiencia sindical, derrotó a Keiko Fujimori, la candidata que por tercera vez perdió la presidencia del Perú en una segunda vuelta.
Para la politóloga y docente universitaria Paula Távara, este discurso genera un impacto nocivo en la ciudadanía y en las instituciones. “No solo golpea a la ciudad sino a la legitimidad de la democracia. Eso me preocupa a largo plazo. Porque podría seguirse repitiendo. Lamentablemente, los fantasmas del trauma pueden resurgir”.
Desconexión y baja calidad de las propuestas
“No he votado con ilusión. Solo por el que creo que menos antecedentes tiene”, dice Katherine Mejía, una arquitecta, madre de una niña, y vecina de Lince, un distrito de clase media de Lima. Ese mismo entusiasmo también lo comparte Mirza Palomino, una supervisora de una tienda de calzado: “De lo que hay, he escogido lo que me parece algo mejor, pero no he tenido un preferido”, dice desde la cancha sintética Melitón Carvajal, el colegio más grande del distrito, donde se han acondicionado varias mesas de sufragio.
Paolo Aguilar (EFE)
Su madre y su hija se enteraron el sábado que debían votar este domingo. Pero ellas no son una excepción, sino más bien una tendencia: en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, donde se han elegido más de 13.000 autoridades en todo el Perú, entre ellas 25 gobernadores regionales y 196 alcaldes provinciales, existe la percepción de que un gran porcentaje del electorado ha estado desconectado del proceso. Y que ha decidido su voto en la cola.
La politóloga Paula Távara explica este desinterés desde dos aspectos: el ruido político nacional y la sensación extendida de que los problemas que agobian al país no parecen resolverse desde las gestiones municipales. “Hemos estado tan centrados en las múltiples minicrisis y miniescándalos del Ejecutivo que esto ha terminado carcomiendo el tiempo y la atención de lo que normalmente sería la campaña electoral. En medio de este caos, muy pocos ciudadanos han podido reflexionar sobre su voto”.
El domingo, después de desayunar con un grupo de mototaxistas para la televisión, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) enseñó su cédula de sufragio para lanzar una queja: que su logo estaba despintado y que, por tanto, eso mermaría sus chances de resultar victorioso en la contienda electoral.
Según el politólogo Fernando Tuesta, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el acto de López Aliaga configura como un delito electoral, previsto en el artículo 358 del Código Penal, pues el voto es secreto, y además está prohibido el proselitismo político.
Daniel Urresti, el candidato de Podemos Perú, quien de acuerdo al conteo rápido de la ONPE sería la máxima autoridad de Lima, le respondió con un mensaje al electorado: “Ha violado las normas. ¿Qué respetará si sale elegido?”.
Tanto López Aliaga como Urresti tuvieron un mismo “caballito de batalla” durante su campaña: reforzar y acabar con la inseguridad ciudadana. Mientras el empresario propuso patrullar la capital con una flota de 10.000 motos con GPS, Urresti, general en retiro, aseguró que en su eventual gestión capturaría a 200 delincuentes al día en Lima.
“Sin minimizar que, tras la pandemia y con la situación de precariedad, la inseguridad haya podido aumentar, existe un discurso sobre la criminalidad que, creo, se ha instalado para no tener que discutir temas más profundos. Es más fácil para un candidato hablar de patrulleros y detenciones que hablar del reordenamiento territorial, de cómo construir alumbrado publico y espacios públicos seguros”, explica Paula Távara.
George Forsyth, el candidato de Somos Perú que acabó en el tercer lugar en el podio limeño, no estaba muy lejos de López Aliaga ni de Urresti en ese sentido. El exarquero profesional tenía pensado dotar de armas a los serenos.
Un detalle que se repitió en esta elección, al igual que en las elecciones presidenciales de 2021 que llevaron a Pedro Castillo al poder, fue la demora en la instalación de las mesas de sufragio. Según un informe de la ONG Transparencia, a las 10:30 de la mañana solo se habían instalado apenas el 50% de mesas a nivel nacional (41 mil 988 de un total de 84 322).
Ausencia de Perú Libre y Fuerza Popular en las regiones
Un hecho que ha llamado la atención de los analistas políticos es que casi un año y medio después de la segunda vuelta nacional, ni Perú Libre ni Fuerza Popular figuran entre los partidos de procedencia de las flamantes autoridades a nivel distrital y regional.
Según Gianfranco Vigo, comunicador para el desarrollo, con un amplio conocimiento de la realidad sociopolítica de las regiones se trata de una consecuencia del debilitamiento de los partidos políticos. “Este escenario de los minicandidatos de la elección presidencial, en el que se repartieron pocos votos ha sucedido otra vez. Y eso le resta legitimidad a las autoridades en sus jurisdicciones”.
Vigo agrega que si bien en otras épocas las Elecciones Municipales y Regionales solían empoderar al gobierno de turno esto no ha ocurrido por el distanciamiento del presidente Pedro Castillo y Perú Libre. “La fuerza oficialista no tiene la fuerza de otros gobiernos. Además, el mismo presidente renunció al partido político que lo llevó al poder. No me sorprenden los resultados”.
Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular y excongresista, es, en teoría, el virtual gobernador regional de la región Cajamarca. Según el conteo rápido ha obtenido el 33.7% con su agrupación Cajamarca Siempre Verde. Sin embargo, el Jurado Electoral declaró improcedente su candidatura en la víspera por haber “violado el debido proceso”. Ramírez es investigado por lavado de activos desde los días en que tenía cercanía con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Desde Cajamarca, el analista Gianfranco Vigo remarca el empobrecimiento moral e ideológico de la clase política, también a nivel subnacional. “En las regiones se normaliza la corrupción, las comisiones por obras públicas, las licitaciones que están amarradas. La cultura criolla que se vive en el Perú se ha normalizado y con el gobierno de Pedro Castillo se ha institucionalizado”, sostiene.
A Ramírez se le suma Luis Torres Robledo (Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna), flamante gobernador regional de Tacna, quien aventaja en un 10% a su perseguidor más cercano Segundo Ruiz (Movimiento Siempre Tacna) en el conteo rápido. El detalle: purga prisión domiciliaria por estar acusado de liderar una organización criminal.
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