Desde su mediática detención en febrero del año pasado en una urbanización de lujo en España y su posterior extradición a México, Emilio Lozoya no ha pisado la cárcel. Pieza central en el caso de corrupción de Odebrecht, acusado de recibir y gestionar sobornos millonarios de la constructora brasileña, un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) ha limitado el castigo del exdirector de Pemex a la retirada de su pasaporte y la colocación de un brazalete de seguimiento mientras apenas hay avances en las investigaciones. Una foto subida a las redes sociales la noche de este sábado en la que aparece Lozoya cenando en un restaurante con un grupo de amigos ha vuelto a despertar la indignación en México sobre un caso que se perfilaba emblemático en la lucha contra la impunidad.
En la foto se ve al exdirector de Pemex de espaldas sentado a la mesa junto a otras cuatro de personas. La escena, subida las redes sociales por una periodista que presuntamente cenaba en la mesa de al lado, corrió como la pólvora abriendo también todo tipo de especulaciones sobre la fecha y el lugar de la instantánea. Se trata presuntamente de un restaurante de Las Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más caros y exclusivos de la capital del país.
Pese a estar ya imputado por un juez por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, el acuerdo de Lozoya con la Fiscalía lo ha convertido en una especie de testigo/colaborador protegido. A cambio de mantener sus privilegios, el exdirector de Pemex debe entregar información suficiente como para inculpar a sus superiores. La tesis a demostrar es que el expresidente Enrique Peña Nieto y su mano derecha, Luis Videgaray, fueron los que orquestaron y planificaron los sobornos de 10 millones de dólares repartidos entre la campaña electoral del PRI en 2012 y los pagos a legisladores de la oposición para aprobar la reforma energética.
En agosto del año pasado, Lozoya lanzó una catarata de acusaciones repartidas entre lo más alto de los últimos dos gobiernos mexicanos. La estrategia le ha servido de momento para esquivar la cárcel a la espera de la decisión preliminar del juez, que sigue investigando unas acusaciones que alcanzan a tres expresidentes, dos candidatos presidenciales y 11 legisladores.
Entre dilaciones y falta de trasparencia crecen sin embargo las críticas. El exdirector de Pemex ya suma cuatro prórrogas para convencer al juez, excediendo de largo los seis meses que marca la ley. De momento, el saldo de la derivada mexicana del caso Odebrecht, que ha puesto en jaque a la clase política en varios países latinoamericanos, es de tan solo uno de los señalados en la cárcel. En abril, el exsenador del PAN Jorge Lavalle fue procesado por recibir sobornos a cambio de aprobar la reforma energética a comienzos del mandato del expresidente del PRI, Enrique Peña Nieto.
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