A los problemas que aquejan a la España rural en 2021 hay que sumar una herencia que se remonta al siglo XIX: los llamados montes de socios. El embrollo jurídico de estas propiedades tiene su origen en las desamortizaciones llevadas a cabo principalmente por Mendizábal y Madoz, por las cuales el Estado expropió los terrenos en poder de “manos muertas” (Iglesia, nobleza o ayuntamientos) y los sacó a subasta pública. La mayoría de las propiedades pequeñas fueron compradas por los propios habitantes de las localidades más próximas. Se convirtieron entonces en tierras cotitularizadas, en régimen de proindiviso. Y así siguen más de 170 años después.
La identificación de los actuales propietarios
En 2021, unos dos millones de hectáreas, es decir, 20.000 kilómetros cuadrados, lo que supone el 6% de la superficie forestal española (el equivalente a Cantabria, País Vasco y La Rioja juntas), están bajo este régimen. “Hay dos grandes problemas: la identificación de los actuales propietarios, puesto que la mayoría son descendientes que ya no viven en los pueblos o herederos que ni siquiera existen, y los costes económicos de la no explotación y de la no conservación de esos terrenos”, declara José Miguel Tabarés, vicedecano de Registradores de España.
El coste viene motivado por el lucro cesante, ya que la gran parte de los montes de socios existentes no se pueden cultivar ni explotar forestalmente ni aprovechar para fines turísticos o energéticos por la falta del cuórum necesario entre los dueños del proindiviso.
Un empuje más hacia la diáspora rural en zonas ya bastante castigadas por el despoblamiento. Si bien estos terrenos cotitularizados existen en todas las comunidades autónomas y en casi todas las provincias, las más afectadas son Castilla y León y Aragón.
Consecuencias en el siglo XXI
Subsuelo. Los terrenos conocidos como montes de socios pueden esconder todo tipo de recursos de los que no es posible ahora mismo sacar rendimiento alguno. Un ejemplo de ello se encuentra en un municipio de la provincia de Ávila, donde se sabe que hay una mina de feldespato que, de momento, es imposible explotar.
Renovables. Las grandes empresas energéticas expanden cada vez más sus parques eólicos por la España rural. Se han dado casos, confirmados por los registradores pero sin dar detalles geográficos de los que también huyen las propias compañías, de proyectos de energías renovables que eligieron terrenos montes de socios para instalar un parque por considerarlas idóneas. Ante la dificultad de llegar a un cuórum o por no saber a quién pertenece la propiedad, las empresas debieron explorar otra ubicación, lo que dio lugar a un lucro cesante de importancia para el municipio afectado.
Dejadez ambiental. Los incendios forestales, por ejemplo, son mucho más frecuentes en los términos municipales donde existen montes de socios. La falta de conservación es la causa de que las tierras no se limpien ni se mantengan, lo que da lugar, asimismo, a una gran erosión.
Además, “hay prejuicios medioambientales y pérdidas de recursos naturales para la zona por falta de cuidados”, explican en Teruel Existe, cuya senadora, Beatriz Martín Larred, afirma que el problema “afecta a muchos más pueblos de lo que parece”. En definitiva, se da la paradoja de que la situación que se quería evitar en un principio, la tierra en manos muertas, está más vigente que nunca. Hay que tener en cuenta que las cuotas vacantes, que son mayoría, pasan al Estado.
Posibles soluciones
Así las cosas, se están produciendo movimientos. El pasado 13 de abril se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL), presentada por Teruel Existe, para dotar a los montes de socios de una regulación específica que avance en la solución.
Por otra parte, los registradores, actores de primera mano en cuanto a la regularización de los títulos de propiedad, han tomado cartas en el asunto. José Miguel Tabarés señala que, a raíz de una ponencia sobre este tema debatida en el VI Congreso Nacional de Registradores, celebrado recientemente en Valladolid, el Colegio proyecta constituir una comisión de estudio para encontrar una respuesta jurídica. La postura de estos profesionales está clara: hay que pasar por una fase de identificación de los propietarios lo más completa posible y, una vez realizada, crear sociedades limitadas. “Esta figura mercantil es la más adecuada para obtener financiación y recursos que inicien el rendimiento socioeconómico de los montes de socios”.
Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con esta medida. La Agrupación Forestal de Soria, una de las más combativas en esta batalla (no en vano, los montes de socios baldíos ocupan en esta provincia 180.000 hectáreas), defiende que la solución jurídica son las juntas gestoras. Estas fueron creadas en la Ley de Montes de 2003 y consisten en que una serie de personas derechohabientes se constituye en junta para llevar la gestión de las propiedades en cuestión.
En la actualidad
Funcionan 85 juntas gestoras en toda España, y para Pedro Agustín Medrano, director del proyecto Montes de Socios de la citada agrupación soriana, “es la mejor solución y, si no, pregunten a los registros”. Medrano se opone a montar sociedades limitadas porque “ya se ha intentado y no han solucionado nada, mientras que a través de las juntas gestoras se ha abierto un círculo virtuoso”. Añade que muchos condueños han renunciado al reparto de dividendos para hacerlas viables.
Otro de los problemas a los que se enfrentan los descendientes identificados y miembros del proindiviso que constituyen estos montes es fiscal. El representante de la Asociación Forestal de Soria indica que hay que “abrir un marco relacional adecuado con Hacienda puesto que a las cuotas esclarecidas [es decir, a los propietarios identificados] se les hace tributar por una atribución de rentas que no se obtienen”. Para Medrano, la sociedad limitada es, además, costosa fiscalmente, “por lo que vale más el collar que el perro”.
