El pasado martes se lanzó un innovador mercado diseñado para ofrecer servicios de privacidad y seguridad, tanto gratuitos como a precios reducidos, a los 23 millones de servidores públicos actuales y pasados de Estados Unidos. Esta iniciativa ha tomado forma gracias a la Public Service Alliance (PSA), una organización sin ánimo de lucro que surgió tras un alarmante aumento de amenazas dirigidas a funcionarios gubernamentales en el país.
El acceso está habilitado para todos aquellos que hayan servido en el gobierno —a nivel federal, estatal, local, tribal o territorial— en un contexto donde la seguridad de estos funcionarios y sus familias es cada vez más preocupante. Este lanzamiento se produce tras incidentes recientes que han suscitado alarmas, como el trágico asesinato de la representante estatal de Minnesota, Melissa Hortman, y la amenaza de asesinato que enfrentó el senador estatal John Hoffman.
Isabella Ulloa, fundadora y directora ejecutiva de la PSA, subraya que las amenazas hacia los servidores públicos y sus familias han aumentado significativamente en la última década, dejando a estas personas sin un respaldo adecuado. Según Ulloa, este vacío representa un fallo en el modelo empresarial de un gobierno efectivo y socava los principios mismos que defiende Estados Unidos.
La PSA busca facilitar la conexión entre funcionarios públicos —desde veteranos y jueces hasta primera respuesta y legisladores— con recursos en cuatro áreas clave: privacidad y seguridad, riesgos legales y de comunicación, apoyo profesional, y bienestar personal. Los servicios disponibles para todos incluyen herramientas para eliminación de datos en línea, asesoría legal, monitoreo de amenazas, coaching profesional y herramientas para la gestión del estrés.
Al abrir una cuenta gratuita y certificar su servicio en el gobierno, los miembros pueden obtener códigos que desbloquean tarifas reducidas de proveedores verificados. Entre los servicios destacados se encuentran empresas de privacidad de datos como Optery y Atlas, que ayudan a eliminar información personal de la web, y Alethea, que se dedica a la monitorización de acosos en línea y amenazas físicas. Además, PSA ofrece la posibilidad de conectar a sus miembros con una red de abogados que brindan consultas legales a bajo costo.
Un lanzamiento silencioso el año pasado les permitió reunir cerca de 1,000 miembros a través del boca a boca, destacando una tasa de retención del 100%. Si bien los miembros deben pagar una tarifa del 10% sobre la tasa de descuento de los servicios utilizados, también se ofrecen exenciones para aquellos que encuentran difícil cubrir este costo. Cabe mencionar que los servicios de monitoreo de amenazas, que generalmente oscilan entre 5,000 y más de 30,000 dólares anuales, están disponibles para los miembros por menos de 1,000 dólares al año.
La PSA se presenta como una organización estrictamente no partidista, respaldada por una junta asesora que incluye representantes de ambos partidos y miembros de las fuerzas del orden, como la excongresista republicana Barbara Comstock y el alguacil de Massachusetts, Peter Koutoujian. Ulloa, quien recientemente trabajó en el Departamento de Seguridad Nacional, enfatiza que la protección de la vida de las personas debe estar por encima de las divisiones políticas.
Además, la PSA tiene planes para extender estos descuentos a otros grupos en riesgo, incluyendo trabajadores de organizaciones sin ánimo de lucro, a lo largo de este año. Un reciente informe del Brennan Center for Justice pone de manifiesto la magnitud de las amenazas y acosos que enfrentan los funcionarios públicos, revelando que casi la mitad de los legisladores estatales y uno de cada cinco funcionarios locales han sido amenazados, destacando que mujeres y funcionarios de color son víctimas de abuso en tasas significativamente más altas que sus colegas.
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