La reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ha incorporado una nueva definición de riesgo, que redefine las trayectorias de las operaciones vulnerables. Según la fracción XII Ter del artículo tercero, el “riesgo” se presenta como la probabilidad de que tales operaciones puedan ser utilizadas para llevar a cabo delitos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, así como para proteger a las organizaciones delictivas.
La Cámara de Diputados recibió el proyecto de decreto sancionado por el Senado, destinado a fortalecer los mecanismos institucionales lusus para combatir el lavado de dinero y asegurar la salud del sistema financiero nacional. Esta acción buscaba abordar las deficiencias señaladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hace ya seis años, en cuanto a la aplicación de medidas de prevención y supervisión.
Una vez que estas reformas entren en vigor, se espera que la Secretaría de Hacienda emita un reglamento que facilite un sistema electrónico para registrar a quienes realicen actividades vulnerables. Este paso es crucial, especialmente considerando que la actualización de la conocida Ley Antilavado había sido postergada debido al atraso en la agenda legislativa.
Cabe mencionar que dos propuestas fueron eliminadas del dictamen inicial: la inclusión del financiamiento al terrorismo entre los objetivos de prevención y detección, y la posibilidad de incluirlo en el listado de delitos que pueden ser cometidos por personas jurídicas en el Código Penal Federal. Sin embargo, el artículo 400 Bis del Código fue reformado para dar al Ministerio Público la facultad de investigar a las instituciones del sistema financiero, lo que requiere la denucia de la Secretaría de Hacienda.
Las reformas establecen sanciones que buscan asegurar la efectividad del sistema, incluyendo incluso la revocación de permisos para actividades vulnerables a quienes no cumplan con sus obligaciones. Esto abarca un rango amplio de actividades, desde juegos y sorteos hasta el traslado de dinero.
En cuanto a los efectos inmediatos de estas nuevas regulaciones, se destaca la intervención temporal por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en instituciones como Intercam, marcando un esfuerzo por salvaguardar los derechos de los clientes. A pesar de la incertidumbre, la Asociación Mexicana de Bancos ha subrayado que estos eventos no representan un riesgo sistémico para la estabilidad financiera del país.
Por otro lado, en el ámbito académico, la decisión de Sergio Aguayo de declinar la dirección del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México forma parte de un contexto más amplio de disputas en el clima académico, donde la remoción de Felipe Ávila Espinosa como consejero del CIDE ha generado reacciones y tensiones significativas.
La situación en el panorama legislativo y financiero nacional, enmarcada por estas reformas y sus consecuencias, se mantiene dinámica y en constante evaluación, con implicaciones profundas para la estructura de las operaciones económicas y la regulación del sistema financiero en el país.
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