El reciente acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala para crear una Fuerza de Tarea para la Búsqueda de Fugitivos, conocida como SAFE, marca un hito significativo en la cooperación bilateral en materia de seguridad y justicia. Firmado el pasado miércoles por el ministro guatemalteco del Interior, Francisco Jiménez, y Liana Castaño, del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), este pacto tiene como principal objetivo coordinar esfuerzos para localizar y arrestar a aquellos guatemaltecos que han evadido la justicia y se encuentran fuera del país.
Jiménez expresó que el propósito de esta colaboración es claro: facilitar el retorno de individuos que enfrentan órdenes de captura activas en Guatemala. La nueva unidad se dedicará a la “ubicación, verificación, deportación y traslado directo” de los prófugos a la custodia de las autoridades guatemaltecas. Este enfoque busca utilizar la sinergia entre ambos países para reforzar la seguridad de la región.
Una de las preocupaciones abordadas por el ministro es el respeto a los “marcos legales” de Guatemala y los “derechos fundamentales”. En su discurso, enfatizó que la cooperación con Estados Unidos no reemplaza las obligaciones institucionales del país, sino que fortalece su soberanía y permite un intercambio efectivo de información y capacidades que puede llevar al éxito esperado en la identificación y captura de fugitivos.
Castaño, por su parte, destacó que este acuerdo no solo formaliza la colaboración, sino que también busca hacer a ambas naciones más seguras en conjunto. La creación de esta fuerza conjunta es, sin duda, un paso importante hacia la mejora de la seguridad pública y la justicia en Guatemala, así como un reflejo del compromiso de Estados Unidos en apoyar a sus socios regionales.
En un contexto más amplio, la cooperación en materia de seguridad y justicia entre países de la región se ha vuelto esencial para enfrentar el crimen organizado y otros desafíos que afectan a la población. Esta iniciativa se suma a otros esfuerzos realizados por ambos gobiernos para enfrentar la violencia y la impunidad en Guatemala, resaltando la importancia de trabajar en conjunto para abordar estos temas críticos.
Es importante que esta información se contextualice en el marco actual, sabiendo que corresponde a datos publicados hasta el 11 de junio de 2025. El seguimiento de esta nueva fuerza y sus resultados será clave para evaluar su efectividad y ese compromiso en la lucha contra la criminalidad en Guatemala.
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