A más de una década desde la implementación de la Ley General de Víctimas (LGV) y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), la situación para las personas afectadas por delitos y violaciones graves a derechos humanos sigue siendo crítica. Un informe reciente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) expone las profundas deficiencias que enfrentan las instituciones responsables de esta atención integral, evidenciando problemas de descoordinación y escaso compromiso político.
Desde 2015, se destacó que un alarmante 95% de los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral permanecían sin utilizar. Al finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto, se reconoció que aunque 19 estados establecieron comisiones ejecutivas, tres de ellos no lograron adecuar sus legislaciones a las exigencias de la LGV.
A lo largo del documento, la ONG denuncia que las instituciones creadas para salvaguardar los derechos de las víctimas han fallado en proporcionar una atención digna. Este análisis resalta la falta de voluntad política por parte de los gobiernos, que ha sido palpable en la ausencia de un acompañamiento proactivo desde los niveles más altos de la administración pública federal a través de tres distintas administraciones.
También se alertó sobre el impacto negativo que ha tenido la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), lo que limitó la capacidad de los ciudadanos para supervisar el funcionamiento de las instituciones encargadas de asistir a las víctimas. Ante este escenario, el Centro Prodh decidió difundir su informe como una herramienta de documentación y denuncia.
Un momento clave del informe fue la renuncia en junio de 2019 del entonces titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), quien expuso la falta de compromiso político y la insostenible reducción del equipo jurídico, además de resaltar la urgencia de fortalecer, y no debilitar, los mecanismos de atención. Esta renuncia marcó el inicio de un periodo prolongado de inacción y desorganización institucional.
Al revisar la historia de la CEAV desde su creación en 2013, se concluye que no ha logrado consolidarse como un organismo eficiente que articule respuestas estatales efectivas, dejando en evidencia un vacío que afecta gravemente a quienes buscan reparación y asistencia tras sufrir agravios a sus derechos.
Este informe subraya, con datos y testimonios, un panorama que demanda atención inmediata, así como un renovado compromiso político para garantizar los derechos fundamentales de las víctimas en México.
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