#Uruapan FNLS Acusa A MORENA De Apropiación Injusta

Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) han alzado la voz para denunciar un presunto despojo de viviendas en la colonia comunal Los Pilares, ubicada en el fraccionamiento C de la antigua ex hacienda Santa Catarina, en el municipio de Uruapan, Michoacán. En una reciente conferencia de prensa, Jesús Camargo, vocero del FNLS, acusó al Movimiento del Sombrero, al Ayuntamiento de Uruapan y al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de intentar despojar a cerca de 200 familias de sus hogares y facilitar un desfalco que afectaría a estas comunidades.

Según datos proporcionados por el vocero, 180 familias adquirieron terrenos a través de Misael Padilla Osornio, quien se presenta como apoderado legal de la empresa inmobiliaria Galco Desarrollos S.A. de C.V. A estas familias se les emitió una carta de posesión del terreno, un documento que, según el FNLS, debería reconocer sus derechos como propietarios. Sin embargo, Padilla Osornio luego promovió el desalojo de los habitantes bajo el argumento de que se trataba de propiedad privada, lo que ha generado una creciente preocupación entre los colonos.

Los habitantes de Los Pilares han solicitado la intervención de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, y del Gobierno del Estado, en busca de una solución que garantice su derecho a la vivienda. Sin embargo, han denunciado que, en lugar de recibir apoyo, fueron enfrentados por elementos de la Guardia Civil durante intentos de desalojo, un suceso que ha dejado secuelas graves en la salud de algunos residentes, incluso pérdidas de visión.

Por si fuera poco, Camargo destacó que el 22 de julio de este año se realizaron nuevos intentos de desalojo, lo que desató un conato de violencia. En un contexto de creciente tensión, los miembros del FNLS han expresado que desde hace dos meses han solicitado una audiencia con la alcaldesa, pero se sienten desatendidos, ya que sus solicitudes han sido incumplidas.

Las 180 familias han realizado aportaciones que rondan los 35 mil pesos cada una para la adquisición de sus terrenos y construcción de sus viviendas. Sin embargo, denuncian que sus hogares fueron destruidos con maquinaria pesada enviada por las autoridades, un acto que profundiza aún más la crisis.

Los habitantes consideran que su derecho constitucional de petición ha sido ignorado, mientras que las instituciones encargadas de impartir justicia parecen estar conduciendo la situación hacia un ámbito penal, alejando el análisis del conflicto a una simple cuestión legal.

A medida que esta situación se desarrolla, se plantea un grave dilema sobre los derechos de los habitantes frente a las instancias políticas y legales que parecen esquivar su responsabilidad. El futuro de las 180 familias en Los Pilares se encuentra en un punto crítico, mientras sus representantes continúan luchando por una solución justa y equitativa.

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