La Visitaduría Regional de Uruapan de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha iniciado una investigación en contra del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ante la posible violación de los derechos humanos de dos menores. Este asunto ha cobrado relevancia tras la denuncia de Manzo, quien, en una transmisión en vivo en redes sociales, abordó el presunto extravío de los niños a los que retuvo durante más de una hora para exponer el caso públicamente.
Se conoció que el edil fue informado sobre la localización de los menores a la 1:15 a.m., pero decidió mantenerlos en la calle, sin ninguna protección, hasta que él llegara para realizar su transmisión a las 2:32 a.m. La unidad de auxilio, designada para atender emergencias relacionadas con mujeres y niños, arribó casi dos horas después, a las 3:09 a.m.
La CEDH ha manifestado que las acciones del Presidente Municipal vulneran no solo la integridad de los menores, sino también su dignidad y su derecho a la propia imagen. En la exposición de los hechos, se destaca que los niños no tuvieron la oportunidad de consentir la difusión de su imagen, ni se les ofreció una explicación accesible sobre las posibles repercusiones de tal exposición. Asimismo, no se observó que se hubiera obtenido permiso de quienes ejercen la patria potestad o tutela sobre ellos.
Los estándares de derechos humanos establecen que la actuación del alcalde no tomó en cuenta el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, un principio fundamental en la legislación que prioriza la protección y bienestar de este grupo vulnerables.
Normativamente, el interés superior de los menores se debe considerar al tomar decisiones que les afecten, y, en este caso, se señala que el Presidente Municipal no adoptó las medidas necesarias para proteger su imagen ante posibles consecuencias adversas.
El marco legal establece que toda persona tiene la facultad de decidir cuándo, por quién y de qué forma pueden ser capturados o publicados sus rasgos reconocibles. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reforzado esta protección, subrayando que las disposiciones sobre la imagen de menores son estrictas y no se pueden aplicar de forma laxa.
A pesar de las normativas diseñadas para proteger los derechos de la infancia, actos de autoridad, como los de Carlos Manzo, evidencian vulneraciones que socavan la confianza en los mecanismos de protección de derechos humanos en el país. La situación resalta la necesidad de una vigilancia continua y un enfoque más riguroso en la implementación y respeto de estas normativas, asegurando que el bienestar de los menores se convierta en una prioridad en todas las acciones gubernamentales.
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