Cuando Carla de Jong creció en Australia, se sumergió en el mundo del icónico programa canadiense Degrassi, que se transmitía en la televisión pública australiana. Esta serie no solo capturó su atención, sino que también le brindó una perspectiva sobre lo que significaba ser un adolescente canadiense, ayudándola a comprender los valores culturales de Canadá. Hoy, de Jong es una ciudadana dual de Australia y Canadá, y se desempeña como jefa de coproducción y asociaciones internacionales en Sinking Ship Entertainment, una productora de Toronto especializada en programas para niños.
Sin embargo, de Jong enfrenta un reto significativo: la cantidad de plataformas disponibles para financiar contenido canadiense para niños ha disminuido. La reciente clausura de Family Channel y Family Junior agrava esta situación. De Jong señala que la oportunidad de crear contenido infantil canadiense se enfrenta a obstáculos crecientes, ya que el acceso a fuentes de financiación se ha limitado considerablemente.
Esta crisis en el ámbito de los contenidos canadienses ha llevado al gobierno federal a implementar la Ley de Streaming Online hace tres años, que permite a la Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones (CRTC) exigir a las empresas de streaming con al menos 25 millones de dólares en ingresos anuales en Canadá que inviertan el cinco por ciento de sus ganancias en fondos destinados a la creación de contenido canadiense.
Un ejemplo del impacto positivo de esta ley es la exitosa serie Heated Rivalry, que recibió apoyo financiero a través del Canada Media Fund. Sin embargo, la ley enfrenta críticas de legisladores estadounidenses, quienes la consideran un irritante comercial. Un congresista republicano ha propuesto investigar la ley, sugiriendo que podría ser considerada una práctica comercial injusta que merecería acciones de represalia.
La Asociación de Cine de Canadá, que representa a grandes streamers como Disney+ y Netflix, ha expresado que la ley perjudica a las empresas estadounidenses al obligarlas a subsidiar contenido canadiense, lo que se interpreta como una medida discriminatoria. Un argumento esgrimido por críticos de la ley, incluido Michael Geist, chair de derecho en internet y comercio electrónico en la Universidad de Ottawa, es que las grandes empresas estadounidenses ya invierten significativamente en la producción de películas y programas de televisión en Canadá. Sin embargo, muchos de estos proyectos no cumplen con los criterios establecidos para calificar como contenido canadiense, lo que impide el acceso a los fondos a los que contribuyen.
La Ley de Streaming Online permite que Canadá proteja y apoye sus industrias culturales bajo el acuerdo CUSMA, que prevé excepciones para tales medidas. No obstante, Geist advierte que esto también podría abrir la puerta a represalias en otros sectores económicos canadienses.
Los partidarios de la ley, como de Jong, argumentan que nivelar el campo de juego es crucial. Sostiene que el mantenimiento de un control canadiense sobre la producción mediática es esencial para proteger a los trabajadores y empresas canadienses de las perturbaciones externas, como la reciente huelga de la Asociación de Guionistas de América. Así, se busca construir un futuro en el que el contenido canadiense tenga espacio y visibilidad en plataformas globales.
En un análisis reciente, la Asociación Canadiense de Productores de Medios reportó que la industria de producción mediática contribuyó con 11.04 mil millones de dólares al PIB canadiense en 2023-24, aunque el volumen total de producción disminuyó un 18.5 por ciento. Esta disminución ha sido atribuida en parte a la huelga laboral y a una reducción en la comisionación de contenido canadiense.
De Jong sostiene que la Ley de Streaming Online también asegura que todos contribuyan al desarrollo del contenido canadiense, algo que es vital no solo para la industria, sino también para la representación de las identidades canadienses en la pantalla.
Mientras el debate sobre la ley continúa, el Primer Ministro Mark Carney ha mostrado disposición a revisar ciertas regulaciones para mitigar tensiones comerciales con Estados Unidos, como cuando se suspendió un impuesto sobre servicios digitales como resultado de negociaciones fallidas.
Vass Bednar, directora del Canadian Shield Institute, enfatiza la necesidad de la Ley de Streaming Online, argumentando que Canadá no debe convertirse en una “vassal state” que dependa de decisiones impuestas por empresas digitales extranjeras.
Los próximos meses serán decisivos para el futuro del contenido canadiense y la forma en que se manejarán estas tensiones entre las políticas culturales y las obligaciones comerciales, afectando no solo a la industria mediática, sino también a la representación cultural en un mercado global en constante evolución.
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