El 18 de noviembre de 2010, en Hermosillo, se abordó un tema crítico: la supuesta “Guerra Contra la Delincuencia Organizada” en México. En esa conferencia se destacó que la prohibición sin apoyo social no elimina los mercados ilegales, sino que los fomenta. De igual manera, se argumentó que la corrupción en el país es el sistema en sí y no una simple excepción. En este contexto, se propuso la despenalización como un camino viable, haciendo referencia al caso de Portugal, que en 2001 despenalizó el consumo de drogas y logró reducir tanto las tasas de sobredosis como de encarcelamiento.
Recientemente, dos noticias han reafirmado este diagnóstico. La primera, relacionada con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, quien ha sido acusado por la Fiscalía del Sur de Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico. Este escándalo involucra no solo a Moya, sino también a un senador y a ocho funcionarios de su administración, todos pertenecientes al partido Morena. En 2010, se había señalado que el narcotráfico había ganado cerca del 30% del sistema judicial mexicano, revelando una saga de narcopolítica que persiste.
La segunda noticia proviene de un operativo en Morelos, Chihuahua, donde cuatro agentes de la CIA participaron en el desmantelamiento de un narcolaboratorio. El trágico accidente que resultó en la muerte de dos de esos agentes, incluido el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera Cervantes, levantó cuestionamientos sobre las autorizaciones que se dieron para llevar a cabo la operación, contraviniendo la Constitución. La Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación por invasión de competencias, citando a declarar a militares y civiles.
La situación de violencia en México sigue siendo alarmante. En 2025, se estimó que aproximadamente 24,000 personas fueron asesinadas, una cifra comparable a la de 2010, pero en un contexto más sombrío. Desde el año 2006, cuando se declaró la guerra al narcotráfico, se han contabilizado más de 510,000 muertes violentas, además de más de 133,000 desaparecidos y aproximadamente 73,000 cuerpos sin identificar en las morgues del país.
Los efectos del narcotráfico se extienden más allá de las fronteras de México. Desde 1999 hasta la fecha, más de 800,000 estadounidenses han perdido la vida por sobredosis de opioides, tanto legales como ilegales. Desde 2013, los opioides sintéticos, especialmente el fentanilo producido o traficado desde México, han causado cerca del 70% de estas muertes anuales, superando las bajas en combate de todas las guerras estadounidenses desde la fundación del país.
La experiencia demuestra que la prohibición no desmantela el mercado de las drogas, sino que lo entrega al crimen organizado. A pesar de las advertencias sobre la ineficacia de la prohibición, los expresidentes Calderón, Peña Nieto y López Obrador han optado por ignorar este enfoque. Todos ellos han contribuido a la “herencia maldita” que enfrenta la actual administración, que incluye un elevado número de muertos y desaparecidos, así como el aumento del poder del crimen organizado, costos que se asumen colectivamente, mientras que los políticos continúan sin rendir cuentas.
Los desafíos continúan y el tiempo apremia para encontrar soluciones efectivas.
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