En San Cristóbal, Venezuela, la situación de los migrantes venezolanos deportados a El Salvador está causando preocupación. Desde el 15 de marzo, más de 200 venezolanos fueron enviados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador tras la decisión del entonces presidente estadounidense, Donald Trump, de aplicar la “Ley de Enemigos Extranjeros”, una medida histórica que data de 1798 y que se había utilizado en contextos de guerra. La justificación detrás de esta acción se basa en la acusación de que estos migrantes formaban parte de la peligrosa banda criminal conocida como Tren de Aragua.
Familiares y activistas de derechos humanos, tras visitar El Salvador la semana pasada, han denunciado que estos migrantes se encuentran en una situación de “total aislamiento e incomunicación”. Walter Márquez, director de la Fundación El Amparo, que representa a una decena de estos deportados, aseguró que permanecen detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) sin un juicio justo en un país donde no han cometido ningún delito, lo que genera incertidumbre sobre su futuro legal.
Los esfuerzos para obtener respuestas han sido infructuosos; Márquez mencionó que no han tenido éxito con los recursos de habeas corpus que han presentado, lo que les está llevando a considerar acciones ante la Corte Penal Internacional, argumentando que en El Salvador se cometen posibles crímenes de lesa humanidad. Las acusaciones incluyen deportación forzosa, persecución por razones de nacionalidad, así como tratos inhumanos y tortura.
Reina Cardenas, quien se unió a Márquez en la visita, subraya la gravedad de la situación al destacar que fue “imposible” tener contacto directo con los migrantes para conocer su estado de salud. Su única interacción fue la entrega de una carta, lo que pone de relieve el nivel de aislamiento al que están sometidos.
En un giro diplomático, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, había propuesto canjear a los 252 migrantes por prisioneros políticos en Venezuela, aunque esta oferta fue rechazada por la fiscalía vinculada al régimen de Nicolás Maduro, descrita como “cínica”.
Esta problemática se sitúa en un contexto más amplio de tensiones entre países y la difícil situación de los migrantes, cuyas historias permanecen muchas veces silenciadas. La información presentada corresponde a la fecha de publicación original, el 19 de junio de 2025, y refleja una realidad que requiere atención y acción internacional inmediata.
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