Los terremotos tienen una curiosa manera de alinearse con los momentos de transformación en Venezuela. En 1812, cuando la joven República luchaba por establecerse en medio de la guerra de independencia, tres potentes sismos dejaron a Caracas y a gran parte del centro del país hechos escombros. Este desastre no solo causó miles de muertes, sino que también desmanteló la infraestructura fundamental y dificultó la defensa de un Estado aún en su infancia, llevando a una rápida capitulación ante las fuerzas de Domingo de Monteverde.
Saltando al 24 de junio de 2026, la historia parece repetirse. Venezuela, tras más de una década marcada por el colapso económico y el aislamiento internacional, comenzaba a vislumbrar la posibilidad de una reconstrucción. Sin embargo, justo en este vulnerable momento, los terremotos obligan a la nación a enfrentarse a una pregunta inquietante: ¿qué queda del Estado capaz de reconstruir?
Un terremoto es un fenómenos natural, pero el impacto en la sociedad es principalmente político. En las primeras horas posteriores al temblor, el gobierno se vio forzado a reevaluar dos de sus conductas más arraigadas. Por primera vez en años, levantó discretamente algunas restricciones sobre las redes sociales para facilitar la circulación de información sobre desaparecidos y sobrevivientes. Aceptó la ayuda internacional y solicitó apoyo del sector privado en un momento crítico, reconociendo implícitamente las limitaciones de un modelo estatal que había priorizado otros aspectos.
Las imágenes de hospitales abarrotados evidencian aún más la crisis. Se piden donaciones de insumos básicos: gasas y guantes. No se ven equipos de última generación ni medicamentos costosos; el sistema de salud ha tocado fondo. A medida que familiares buscan answers en listas escritas a mano, se hace evidente que la información oficial es escasa o inexistente. Las iniciativas de voluntarios y organizaciones civiles son ahora las más efectivas en la búsqueda de sobrevivientes.
La VenApp, destinada previamente para el control social y la vigilancia, intenta adaptarse a esta nueva realidad, convirtiéndose en un registro de víctimas. Es irónico que una herramienta de opresión demuestre ser menos útil en una situación de emergencia donde, en vez de identificar y clasificar ciudadanos, debería servir para salvar vidas.
En esta crisis, la notable presencia de las Fuerzas Armadas, que han estado omnipresentes en otros aspectos de la vida nacional durante dos décadas, resulta casi nula. Mientras equipos civiles y organizaciones comunitarias asumen funciones de rescate, las Fuerzas Armadas de otros países han llegado con mayor rapidez para ayudar. Este contraste pone de manifiesto una realidad preocupante: un Estado militarizado no siempre es un Estado capaz.
Las palabras del Libertador Simón Bolívar resuenan a través de los años frente a este nuevo capítulo de desastres: “Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca.” Sin embargo, es evidente que la capacidad del Estado venezolano para enfrentar estas adversidades ha disminuido drásticamente. Esta crisis ha revelado lo que ya no queda: un Estado debilitado y expuesto bajo los escombros.
Mientras Venezuela intenta encontrar su camino hacia la recuperación, surge una inquietante pregunta: antes de reconstruir el futuro, ¿cuánto realmente queda del Estado que una vez fue? En un momento tan crucial, lo que el país necesita no es solo un gobierno dispuesto a desafiar a la naturaleza, sino uno verdaderamente capaz de prepararse para resistir y mitigar sus efectos devastadores.
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