Este jueves se dio la instalación de un nuevo período legislativo y se renovó la presidencia en la que Juan Guaidó estuvo por cuatro años, desde 2019, cuando lanzó a Nicolás Maduro el desafío de la presidencia encargada, bajo la tesis de que el líder chavista está usurpando el poder desde que se reeligió en 2018 en unas elecciones cuestionadas por su falta de garantías democráticas. Ese vacío de poder que dejaron los comicios considerados fraudulentos fue llenado por Guaidó como jefe del Parlamento, según una interpretación del artículo 233 de la Constitución, acogida por gran parte de la comunidad internacional que le reconoció como presidente encargado de Venezuela y le dio potestades sobre activos y empresas estatales en el extranjero. Ahora, la nueva junta está presidida por mujeres con Dinorah Figuera de PJ, quien está radicada en España, a la cabeza y como primera y segunda vicepresidentas Marianela Fernández de UNT que se encuentra en Estados Unidos y Auristela Vásquez de AD que también está en España. Voluntad Popular, el partido de Guaidó y Leopoldo López, rechazó ser parte de la junta directiva.
La figura de la presidencia, que contaba con embajadores y consejeros y nombraba presidentes en PDVSA y el Banco Central de Venezuela, fue sustituida por el Consejo de Administración y Protección de Activos sobre el que todavía no hay consenso sobre sus integrantes ni su relación con la Asamblea Nacional que pasará ahora, sin el interinato y sin la presencia de sus miembros directivos en Venezuela, a un perfil aún más bajo, menos político, a una especie de hibernación. “Hoy dejo este espacio institucional que siempre he respetado por encima de cualquier interés. Dios bendiga las decisiones que estamos y están tomando en este momento. Reitero la necesidad de que esta Asamblea asuma las competencias del artículo 233. Este juramento tiene una connotación importante. Hoy más que nunca”, ha dicho Guaidó en la última sesión que presidió llevada a cabo por la plataforma Zoom y plagada fallas en la sincronización del sonido, como las han sido casi todas desde 2021, cuando esa Asamblea Nacional de mayoría opositora comenzó a funcionar a través de una comisión delegada, en paralelo con el Parlamento que el chavismo recuperó en 2020 en elecciones nuevamente desconocidas por la comunidad internacional.
Sobre la administración de los recursos en el extranjero, Estados Unidos ya ha adelantado que continuará dando reconocimiento a la directiva de la Asamblea Nacional electa en el 2015, a Guaidó y a líderes similares. Washington mantiene el desconocimiento de la legitimidad del gobierno de Maduro, aunque durante el último año empieza a tender puentes como la flexibilización de las sanciones y también propició un encuentro con funcionarios de alto nivel en Miraflores. Queda por verse la situación del oro resguardado en el Banco de Inglaterra, sometido a un litigio entre el gobierno de Maduro y el equipo de Guaidó en el interinato.
La sesión del cambio de mando de la Asamblea opositora fue breve. La nueva presidenta dejó claro que esta versión del Parlamento está sujeta a los acuerdos de la mesa de negociación que retomó conversaciones en México a finales del año pasado. Además, reiteró que tiene como primer desafío recuperar la unidad de la coalición opositora con las primarias para la elección de un candidato para enfrentar a Maduro en las presidenciales de 2024 que todavía no han sido convocadas oficialmente. “Es importante recordar que este es un Parlamento que no va a trabajar en condiciones normales, que tiene que afianzar su lucha por rescatar la unidad de todos los venezolanos, sin acentuar la división de lo que estamos adentro o afuera. Estamos defendiendo a los venezolanos de una dictadura”, dijo la diputada.
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