La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló serias irregularidades en la gestión financiera del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que causaron un daño a la Hacienda Pública Federal por 7.3 millones de pesos durante 2024. Este informe pone de relieve la falta de control y transparencia en el manejo de los recursos públicos en una institución que tenía como misión salvaguardar el derecho a la información.
Entre las inconsistencias detectadas, la ASF señala que se realizaron pagos sin comprobar la documentación necesaria que avalara las comisiones nacionales e internacionales de los comisionados del pleno y otros servidores públicos del Inai. Esto incluye un monto significativo de 2.9 millones de pesos que se desembolsaron sin el debido respaldo documental. Además, se identificaron servidores públicos que obtuvieron beneficios económicos no incluidos en su remuneración oficial, al tiempo que utilizaron recursos humanos para fines ajenos a los establecidos por la normativa aplicable del organismo.
El informe detalla otros pagos cuestionables, como 4.2 millones de pesos realizados por el servicio integral de limpieza sin la documentación correspondiente. También se reportaron 114,500 pesos destinados a la compra de 11 equipos informáticos cuya ubicación no pudo ser acreditada, así como 57,700 pesos para servicios de mantenimiento sin la debida entrega y recepción de material.
La auditoría forense sobre el gasto del Inai, cuyo objetivo principal es verificar que los recursos públicos federales se hayan manejado conforme a la legislación, abarcó un monto total de 707.5 millones de pesos, representando el 68.5% de la suma seleccionada para revisión, que alcanzó los 1,033.1 millones de pesos. De la muestra auditada, se fiscalizaron 643.8 millones de pesos, equivalentes al 62.3% del total, centrando la atención en nómina y otros conceptos, incluyendo viáticos nacionales e internacionales.
Estas revelaciones subrayan la necesidad de una mayor supervisión y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos, un tema crucial en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para restablecer la confianza en las instituciones. El Inai, en su búsqueda por proteger los derechos de los ciudadanos, dejó un legado complicado que ahora será evaluado bajo la lupa de la fiscalización.
Este panorama es un llamado a la acción para fortalecer procesos y políticas que aseguren que situaciones similares no se repitan en el futuro. Es imperativo que los organismos encargados de velar por la transparencia actúen de manera proactiva para recuperar la confianza pública y garantizar la correcta administración de los recursos destinados al bienestar de la sociedad.
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