Vicefiscal de Sinaloa solicita licencia tras acusaciones.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha comunicado una importante decisión que involucra a su vicefiscal general, Dámaso Castro Zaavedra. A partir del 5 de mayo de 2026, Castro Zaavedra ha solicitado una licencia sin goce de sueldo, un movimiento que no ha pasado desapercibido en el panorama estatal y nacional.

En el comunicado oficial emitido por la Fiscalía, se detalla que la solicitud se realizó conforme a varias disposiciones legales, tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como de la Constitución del Estado de Sinaloa. A pesar del procedimiento formal, la institución ha eludido ofrecer las razones detrás de esta separación temporal, dejando entrever una atmósfera de incertidumbre.

No obstante, el silencio oficial se complica por las serias acusaciones que pesan sobre el vicefiscal. Según informes de autoridades estadounidenses, Castro Zaavedra estaría implicado en una red de funcionarios relacionados con el narcotráfico. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha formulado cargos de conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armas de alto poder en su contra. Se le señala por supuestos vínculos con el temido Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos.

Las acusaciones apuntan a que el funcionario habría recibido pagos de hasta 11,000 dólares mensuales como compensación por su protección a los miembros del cártel, así como por su colaboración en evitar detenciones y alertar sobre operativos de seguridad organizados por las autoridades estadounidenses. Además, Castro Zaavedra habría utilizado su influencia dentro de la fiscalía para filtrar información crítica, facilitando así el tráfico de sustancias ilegales, incluyendo fentanilo y metanfetaminas, hacia Estados Unidos.

Este caso es parte de una investigación más extensa que aún está desarrollándose y que ha sacudido a Sinaloa, involucrando a otros funcionarios de alto rango, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya. Las acusaciones de sobornos y apoyo político a cambio de la colaboración con el narcotráfico han llevado a cuestionar la integridad de las instituciones de seguridad en la región.

La situación actual plantea serias interrogantes sobre la institucionalidad en Sinaloa y el impacto de la corrupción en la lucha contra el narcotráfico. La licencia solicitada por Castro Zaavedra podría ser solo el principio de un proceso judicial que revele profundidades aún no exploradas en el entramado de complicidades entre el crimen organizado y el poder político en México. Mientras tanto, la sociedad y las autoridades permanecen a la expectativa de cómo se desarrollarán los acontecimientos en este complejo escenario.

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