La Comisión Europea está ultimando las directrices sobre las condiciones ligadas al respeto del Estado de derecho en la gestión y distribución de los multimillonarios fondos comunitarios. Las directrices serán la guía para la puesta en marcha del reglamento aprobado a finales del año pasado y que entró en vigor el 1 de enero. Esa norma permite por primera vez suspender los fondos a los países cuyo Estado de derecho no garantice una gestión adecuada de los recursos comunitarios, financiados por todos los contribuyentes europeos.
El borrador de las directrices apunta a los ataques contra la independencia judicial como una de las principales causas para suspender los fondos en los países que pongan en peligro la separación de poderes. Pero señala también la erosión generalizada o sistémica de los controles administrativos y judiciales como posible desencadenante de una suspensión de los fondos aunque no haya un caso concreto de malversación.
Esa fórmula, que está en proceso de consulta con los Estados miembros y el Parlamento Europeo, daría a Bruselas la posibilidad de atajar el deterioro del Estado de derecho por una vía mucho más expeditiva que el artículo 7 del Tratado de la Unión, que requiere en ciertos pasos la unanimidad. Polonia y Hungría, que están sometidos desde hace años a procedimientos de este artículo, han evitado cualquier castigo gracias a su apoyo mutuo y a la complicidad de otros socios comunitarios que temen verse incursos en expedientes similares. El nuevo reglamento permitirá cortar el maná comunitario por mayoría cualificada, una seria advertencia para países donde hasta el 60% de la inversión pública depende de la solidaridad europea como es el caso de Hungría o Polonia.
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Bruselas debe aplicar esta durísima norma con total transparencia, equidad y sin ninguna discriminación. Ningún país debe sentirse objeto de una vigilancia especial, entre otras cosas, para que ciertos gobiernos no alimenten el victimismo y la eurofobia entre sus opiniones públicas. Pero la Comisión debe ser inflexible en la exigencia de una gestión garantista de unos fondos que son la expresión de la integración europea. La UE no puede seguir siendo un simple cajero automático para gobiernos que no creen en sus valores, y más cuando se trata del fondo de recuperación contra la pandemia, que supone el mayor esfuerzo financiero acometido por la UE en toda su historia.
El texto legal ciñe la posible suspensión de los fondos a deficiencias del Estado de derecho que tengan un impacto real y demostrable en la gestión del dinero comunitario. La Comisión Europea parece dispuesta a aprovechar de este modo todo el margen de maniobra que ofrece el reglamento para evitar que los gobiernos que fragilizan la democracia sigan aprovechando los fondos europeos. Paradójicamente, esos fondos alimentan en ocasiones la deriva autoritaria porque se canalizan a través de redes clientelistas ligadas a los dirigentes en el poder.
El enorme salto en la solidaridad europea que supone el fondo de recuperación (con subvenciones financiadas por primera vez a través de deuda compartida) reclama un salto similar en el nivel de exigencia para que las opiniones públicas en todos los países, pero sobre en los principales contribuyentes, no se vuelva contra el proyecto y reclame el final de los trasvases financieros.
