La ineficiencia de la Fiscalía Anticorrupción en Morelos oscila entre la propaganda
y la impunidad. La corrupción se ha convertido en un tema recurrente en los medios de
comunicación y en las conversaciones cotidianas de la ciudadanía. Con frecuencia se
anuncian investigaciones sobre desfalcos millonarios, enriquecimiento ilícito de
exfuncionarios y presuntos actos de desvío de recursos públicos. Sin embargo, a pesar del
despliegue mediático, los resultados tangibles son prácticamente nulos. La Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, creada precisamente
para atender estos casos, se ha quedado en el papel y en la publicidad, sin ofrecer justicia
real a los ciudadanos.
Cuando se instauró la Fiscalía Anticorrupción, se presentó como una herramienta
fundamental para combatir uno de los males más profundos que aquejan al estado. La
intención era clara: investigar y procesar a quienes, desde el poder, hubieran utilizado
recursos públicos para su beneficio personal. El mensaje a la sociedad era contundente:
nadie estaría por encima de la ley.
No obstante, con el paso del tiempo, la percepción ciudadana es que esta institución
funciona más como un escaparate político que como un organismo autónomo y eficaz. La
lucha contra la corrupción en Morelos se ha quedado en promesas, titulares y conferencias
de prensa, sin traducirse en sentencias ni reparaciones del daño.
Cada cierto tiempo, esa Fiscalía anuncia investigaciones contra exalcaldes,
exdiputados, funcionarios de primer nivel e incluso los dos ultimos exgobernadores. Se
habla de desvíos de recursos millonarios, compras simuladas, facturación falsa y
licitaciones amañadas. Estas revelaciones suelen causar indignación en la ciudadanía, que
se entera de cómo se manipularon los recursos destinados a obras públicas, programas
sociales o servicios de salud.
Sin embargo, la indignación pronto se convierte en frustración. La mayoría de esos
casos queda en carpetas de investigación sin avances o se pierde en laberintos burocráticos.
Incluso algunos exfuncionarios señalados han regresado a ocupar cargos públicos o se
pasean con total impunidad, lo que refuerza la sensación de que la Fiscalía Anticorrupción
es un organismo decorativo.
Existen varias razones por las que la Fiscalía Anticorrupción en Morelos no ha
cumplido con su cometido, a pesar de los cambios del titular. Entre ellas destacan:
Falta de autonomía real: Aunque en teoría la Fiscalía es autónoma, en la práctica se
encuentra atravesada por presiones políticas. En muchos casos, las investigaciones
dependen de intereses partidistas o de coyunturas electorales.
Tiene Recursos limitados: El presupuesto asignado a la institución suele ser
insuficiente para realizar investigaciones profundas, contratar peritos especializados o dar seguimiento a procesos complejos. La corrupción, por su naturaleza sofisticada, requiere
equipos multidisciplinarios y tecnología de punta, que rara vez están disponibles.
Procesos judiciales lentos y débiles: Incluso cuando se presentan denuncias o se
judicializan carpetas, los procesos suelen alargarse indefinidamente. Los jueces, por
diversas razones, también han contribuido a que los casos se caigan por falta de pruebas
sólidas o por deficiencias técnicas en la integración de los expedientes.
Uso político de la información: En muchos casos, las investigaciones se filtran a los
medios con el objetivo de exhibir a determinados personajes en momentos estratégicos. Sin
embargo, este uso político rara vez desemboca en justicia real, quedando únicamente en un
instrumento de desgaste mediático.
El resultado de esta ineficiencia es devastador para la sociedad. Cada anuncio de un
nuevo caso de corrupción genera expectativa de justicia, pero la falta de sentencias refuerza
la percepción de impunidad. Este mensaje es doblemente dañino, por un lado, desalienta la
confianza de los ciudadanos en las instituciones; por otro, incentiva a futuros servidores
públicos a repetir los mismos patrones, sabiendo que difícilmente serán castigados.
La corrupción en Morelos no sólo implica el mal uso del dinero público, sino
también un deterioro profundo de la vida social. Escuelas sin mantenimiento, hospitales sin
medicamentos, calles en mal estado y comunidades sin servicios básicos son el reflejo
tangible de los recursos que se desvían. Y, mientras tanto, la Fiscalía encargada de evitarlo
permanece atrapada en la ineficiencia.
Para revertir esta situación, sería indispensable dotar a la Fiscalía Anticorrupción de
verdadera autonomía, recursos suficientes y personal capacitado. Además, se requiere
voluntad política para dejar de usar la corrupción como arma de desgaste entre partidos y
convertirla en un problema que debe resolverse con seriedad.
Asimismo, la sociedad civil debe jugar un papel más activo en la vigilancia y
exigencia de resultados. La presión ciudadana es uno de los pocos mecanismos que puede
obligar a las instituciones a salir de la pasividad. Organizaciones sociales, colectivos y
medios de comunicación deben insistir en la transparencia de los procesos y en la rendición
de cuentas.
La Fiscalía Anticorrupción en Morelos ha demostrado ser más eficiente en la
propaganda que en la justicia. A pesar de los constantes anuncios de desfalcos y actos
ilícitos cometidos por exfuncionarios, la ausencia de sentencias firmes revela una realidad
alarmante. En el estado, la corrupción no se combate, se administra.
Mientras no haya resultados concretos, la institución seguirá siendo vista como un
aparato que sirve más a los intereses políticos que a los ciudadanos. A pesar del trabajo
constante de la gobernadora, los resultados y la impunidad son ese cáncer que debilita la
confianza en la actual administración y éste continuará extendiéndose. El gran reto para
Morelos es pasar del discurso a la acción, de la denuncia pública a la sanción real, antes de
que la corrupción termine por devorar lo poco que queda de confianza en sus instituciones.
¿No cree usted?




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