En Morelos, la corrupción no es un rumor: es una constante en las conversaciones cotidianas. Todos los días nos enteramos de presuntos desfalcos, contratos inflados, obras inconclusas, desvíos de recursos y administraciones más dadas que respuestas. Sin embargo, frente a ese escenario, la gran pregunta es inevitable: ¿realmente la Fiscalía Anticorrupción está funcionando?
El estado sostiene una estructura robusta, con un presupuesto nada menor y un equipo amplio de abogados, fiscales, peritos y personal administrativo. Mantener esa oficina cuesta millones de pesos al erario público, dinero de los contribuyentes que podría destinarse a seguridad, salud o infraestructura. Por ello, el alcance mínimo exigible es: resultados tangibles.
Pero esos resultados no se ven.
Enviar un caso al Ministerio Público no puede considerarse un logro suficiente para una institución creada específicamente para combatir la corrupción de alto nivel. Judicializar una carpeta, anunciar que “se investiga”, informar que “se integró expediente” o que “se analizan documentos”, son apenas pasos administrativos, no victorias contra la impunidad.
La ciudadanía espera algo más que boletines.
En Morelos hemos sido testigos de señalamientos públicos contra funcionarios en turno, irregularidades en contratos, desvíos de recursos y casos que escandalizan a la opinión pública. Los nombres circulan en medios, pero cuando esos presuntos responsables están vinculados a procesos, quedan entrampados en procedimientos preventivos o asuntos técnicos que diluyen el escándalo. ¿Dónde están las órdenes de aprehensión? ¿Dónde están las sentencias firmes? ¿Dónde está la recuperación del dinero público?
La lucha anticorrupción no puede quedarse en la etapa mediática. Si no hay consecuencias penales reales, el mensaje que se envía es devastador: en Morelos se puede cometer un delito grave y salir prácticamente ileso.
Decirlo con claridad: combatir la corrupción no es sencillo. Las investigaciones requieren técnica jurídica, integración sólida de pruebas y procesos largos. Pero eso no puede convertirse en pretexto para la inacción permanente. La Fiscalía Anticorrupción fue creada como un instrumento de justicia. Si se convierte en un aparato burocrático que no sanciona, que no recupera lo robado y que no genera precedentes, entonces su existencia pierde sentido.
La percepción ciudadana comienza a ser peligrosa. Se instala la idea de que la Fiscalía Anticorrupción es un órgano costoso, pero ineficaz. Que funciona más como aparato burocrático que como instrumento de justicia. Que sirve para administrar expedientes, no para encarcelar a responsables. Y esa percepción erosiona la confianza institucional.
El combate a la corrupción no puede depender del discurso político de cada administración en turno. No puede convertirse en herramienta selectiva ni en arma contra adversarios. Debe ser una política permanente, técnica, imparcial y contundente.
Si existen desfalcos documentados, debe haber imputaciones. Si hay responsabilidades administrativas graves, deben escalar a responsabilidades penales. Si hubo daño patrimonial, debe haber reparación. De lo contrario, la Fiscalía se convierte en un simulacro caro.
Morelos necesita resultados. No necesita ruedas de prensa: necesita sentencias. No necesita estructuras infladas: necesita eficacia. Cada mes que pasa sin acciones visibles alimenta la sospecha de que la corrupción sigue teniendo protección política o jurídica. Y eso es aún más grave que el propio desfalco.
La pregunta final es incómoda pero necesaria: ¿para qué existe una Fiscalía Anticorrupción si no logra encarcelar redes de corrupción ni llevar a prisión a quienes saquearon el estado? Se trata de litigios técnicos, no de juicios sumarios.
La Fiscalía, pese a su presupuesto millonario, sigue sin demostrar que puede ser el instrumento que prometió ser. ¿No cree usted?
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