El conflicto en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha entrado en una fase especialmente delicada tras el rompimiento de las pláticas entre la rectoría y el movimiento estudiantil. Lo que parecía encaminarse, con dificultades pero con voluntad, hacia un espacio de diálogo, hoy se encuentra nuevamente empantanado. Y no necesariamente por la falta de disposición de las partes directamente involucradas, sino por la creciente intromisión de actores externos que, lejos de contribuir a la solución, parecen apostar por el desgaste, la confrontación y el caos.
En este contexto, han cobrado protagonismo figuras como Hertino Avilés, maestro de la Facultad de Derecho, y la magistrada Clara Soto, quien tiene tiempo completo y está como investigadora (con lo que no cumple) y Mario Rojas e Isabel León, que no tienen vela en el entierro, como lo señala nuestro diario y, junto con diversos actores vinculados a Morena y personajes que, según nos informan, son actores cercanos al exgobernador Graco Ramírez, han intervenido en un conflicto que, en esencia, pertenece a la comunidad universitaria. Su presencia ha generado sospechas, tensiones adicionales y una clara distorsión del objetivo central de encontrar soluciones reales a las demandas estudiantiles y restablecer la estabilidad institucional.
La universidad, por definición, es un espacio de pensamiento crítico, de debate y de construcción colectiva. Pero también debe ser un espacio autónomo. Cuando intereses políticos externos se infiltran en su dinámica interna, el riesgo no sólo es la prolongación del conflicto, sino manipulación con fines ajenos a la vida académica. Hoy, eso parece estar ocurriendo en la UAEM.
El rompimiento de las negociaciones no puede entenderse sin considerar este factor. Las mesas de diálogo requieren confianza, y ésta se erosiona cuando los interlocutores dejan de ser únicamente estudiantes y autoridades universitarias para dar paso a operadores políticos, asesores jurídicos con agendas propias y figuras que, sin pertenecer a la comunidad, buscan incidir en el rumbo del conflicto. En este sentido, la participación de Avilés y Soto no ha sido neutral ni constructiva; por el contrario, ha sido percibida como un elemento de presión y radicalización.
Más preocupante aún es la presencia de actores políticos que, bajo la bandera de Morena, han encontrado en este conflicto una oportunidad para posicionarse, intervenir o incluso desestabilizar. No se trata de descalificar por filiación partidista, sino de cuestionar la legitimidad de su participación. ¿Qué papel tienen en un conflicto universitario quienes no forman parte de la institución? ¿A quién representan? ¿Qué intereses defienden realmente?
La sombra del pasado también se hace presente. La mención de personajes cercanos al ex gobernador no es menor. Durante la administración de éste, la relación con la UAEM fue tensa, por decir lo menos. Hoy, la posibilidad de que operadores ligados a ese grupo estén influyendo en el conflicto actual abre la puerta a interpretaciones preocupantes, como que no se busca resolver, sino reactivar viejas disputas, debilitar a la actual administración universitaria o generar condiciones de inestabilidad política.
En medio de este escenario, la figura de la rectora se convierte en un punto clave. Los ataques dirigidos hacia ella, más allá de la crítica legítima que cualquier autoridad debe enfrentar, parecen formar parte de una estrategia más amplia para minar su capacidad de conducción. La deslegitimación sistemática de la rectoría no ayuda a los estudiantes ni fortalece a la institución; por el contrario, profundiza la crisis. Por ello, resulta no sólo conveniente, sino necesario, replantear quiénes deben estar en la mesa y quiénes no. La solución del conflicto pasa por devolverle el protagonismo a la comunidad universitaria: estudiantes, profesores y autoridades. Son ellos quienes viven la universidad, quienes conocen sus problemáticas y quienes tienen la legitimidad para construir acuerdos.
Excluir a los actores externos no significa cerrar el diálogo, sino depurarlo. Significa reconocer que la intervención de terceros, cuando responde a intereses políticos o personales, contamina el proceso y dificulta cualquier avance. La universidad no puede ser rehén de agendas ajenas.
Además, es fundamental que los estudiantes reflexionen sobre el papel que están permitiendo a estos actores. La legítima lucha por mejores condiciones, transparencia o justicia no debe ser utilizada como plataforma por quienes buscan capitalizar el conflicto. La autonomía del movimiento estudiantil es tan importante como la autonomía universitaria.
El momento exige responsabilidad de todas las partes. De la rectoría, para mantener la apertura al diálogo como lo viene haciendo y evitar caer en provocaciones. De los estudiantes, para sostener sus demandas con firmeza, pero también con claridad sobre quiénes los representan. Y de los actores políticos, para entender que no todo conflicto social es terreno para la intervención partidista.
La UAEM necesita soluciones, no más confrontación. Necesita acuerdos, no más ruido. Y, sobre todo, necesita recuperar su esencia como espacio de formación, pensamiento y comunidad. Para lograrlo, es indispensable sacar del conflicto a quienes lo utilizan como instrumento y devolverle la voz a quienes verdaderamente pertenecen a él. Sólo así será posible reconstruir el camino del diálogo y evitar que una crisis legítima se convierta en un campo de batalla político que nada tiene que ver con el futuro de la universidad. ¿No cree usted?
Hoy, el aniversario del asesinato del Gral. Emiliano Zapata Salazar, para los morelenses es un dia de luto y no de fiesta, como algunos lo quieren celebrar.
