La marcha por la paz, encabezada el pasado sábado por el obispo Ramón Castro Castro no fue una movilización más. Fue un grito colectivo de desesperación, de cansancio y de hartazgo social ante la inseguridad que domina la conversación diaria de los habitantes de Morelos. En las calles ya no se habla solamente de política, de obras o de promesas de gobierno; se habla de miedo, de violencia, de desapariciones, de extorsiones y de la sensación de que el estado ha perdido el control de amplias zonas de su territorio. La imagen de miles de ciudadanos caminando por las calles de Cuernavaca, acompañando al obispo, refleja algo mucho más profundo que una protesta religiosa o civil. Refleja el vacío de confianza que existe hoy hacia las autoridades encargadas de brindar seguridad. Cuando la Iglesia, organizaciones civiles y familias salen a marchar juntas, lo que verdaderamente están diciendo es que la gente siente que ya nadie la escucha.
Y es precisamente en ese contexto cuando ocurre uno de los episodios más delicados para la vida política y de seguridad de Morelos: dos (al parecer son tres) de los personajes señalados por autoridades de Estados Unidos terminan escapando y entregándose directamente a las autoridades norteamericanas, dejando de lado incluso la postura de la presidenta de México, quien había solicitado pruebas antes de aceptar públicamente las acusaciones. El mensaje político es demoledor.
Porque más allá de la culpabilidad o inocencia de quienes son señalados, el problema real es la percepción nacional e internacional que hoy pesa sobre Morelos. El estado aparece nuevamente vinculado a investigaciones, presuntas redes criminales, corrupción y personajes bajo sospecha. Eso golpea directamente la credibilidad institucional y coloca a Morelos en una situación extremadamente delicada rumbo a la elección del próximo año.
La inseguridad no solamente destruye la tranquilidad social, también destruye la confianza política. Y cuando un ciudadano pierde la confianza en sus instituciones, comienza el terreno fértil para la polarización, el desencanto y la manipulación electoral.
Hoy Morelos vive un escenario complejo. Por un lado, existe una sociedad cansada de la violencia; por el otro, una clase política enfrascada desde ahora en la lucha por el poder rumbo a 2027. Mientras los ciudadanos exigen resultados, muchos actores políticos parecen más preocupados por las candidaturas, las alianzas y las campañas adelantadas.
La labor del nuevo encargado de la seguridad en un mes no puede hacer milagros.
El divorcio entre ciudadanía y clase política es precisamente lo que alimenta el enojo social.
La marcha por la paz también debe interpretarse como una advertencia. No se puede normalizar que las familias vivan con miedo. No se puede aceptar como cotidiano que empresarios sean extorsionados, que carreteras sean inseguras o que comunidades enteras se sientan abandonadas. Y tampoco se puede permitir que el discurso oficial siga minimizando la gravedad del problema.
La realidad es más fuerte que cualquier boletín.
En las colonias populares, en los mercados, en las universidades y en los centros de trabajo, el sentimiento es el mismo: la inseguridad domina la vida cotidiana. La gente modifica horarios, evita salir de noche, deja de visitar ciertos lugares y aprende a vivir bajo tensión permanente. Eso no es normalidad; eso es resignación social.
Por eso, la movilización encabezada por la Iglesia tiene un peso especial. Porque históricamente, cuando la sociedad mexicana ha sentido que las instituciones civiles fallan, busca refugio en liderazgos morales o sociales que todavía conservan credibilidad. Y, en Morelos, el obispo ha logrado convertirse en una voz que articula el enojo y la preocupación de miles de personas. Sin embargo, tampoco se trata únicamente de marchar o protestar. El verdadero reto será transformar ese reclamo ciudadano en presión efectiva para exigir estrategias reales de seguridad, coordinación entre autoridades y transparencia en las investigaciones que hoy mantienen al estado bajo la lupa nacional, porque la percepción de impunidad es quizá el daño más grave de todos.
Cuando la ciudadanía siente que quienes tienen poder político o económico pueden escapar, negociar o entregarse en otros países, mientras las víctimas siguen esperando justicia, el mensaje devastador que recibe la sociedad es que existen mexicanos de primera y de segunda. Y esa percepción puede tener consecuencias políticas enormes en la próxima elección.
La oposición intentará convertir la inseguridad en el principal tema electoral, mientras los gobiernos tendrán que defender resultados que hoy son cuestionados por amplios sectores sociales. El problema para todos los partidos es que la ciudadanía parece cada vez más cansada de discursos y menos dispuesta a creer en promesas.
Morelos llega así a una etapa decisiva, con una crisis de seguridad persistente, con instituciones debilitadas, con escándalos que cruzan fronteras y con una sociedad que empieza a manifestarse abiertamente en las calles.
La marcha por la paz no resolverá por sí sola el problema. Pero sí deja muy claro que la paciencia social comienza a agotarse. Y cuando un pueblo pierde el miedo para salir a exigir paz, también empieza a perder el miedo para castigar políticamente a quienes considera responsables de haber permitido que la violencia se convirtiera en parte de la vida diaria. Grave. ¿No cree usted?
