Morelos no está para sumar nuevos conflictos. La realidad del estado es suficientemente complicada como para que quienes tienen la responsabilidad de gobernar entiendan que hay momentos en los que el diálogo deja de ser una herramienta política y se convierte en una obligación.
Hoy, lamentablemente, el diálogo entre el gobierno y las organizaciones sindicales en torno al problema de las jubilaciones y las pensiones parece haberse roto. Y eso no es una buena noticia para nadie.
El problema de las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado no nació ayer. Es un asunto que se ha venido acumulando durante años y que, por su dimensión financiera, jurídica y social, requiere algo más que una reforma apresurada o una decisión administrativa. Requiere números claros, responsabilidad y, sobre todo, acuerdos.
Lo preocupante es que parece que ni el gobierno ni los diputados encuentran todavía la fórmula para resolverlo. Y, mientras tanto, se pretende modificar un sistema que afecta directamente a miles de trabajadores que durante décadas han entregado su trabajo al servicio público y que esperan que, al llegar el momento de retirarse, se respeten sus derechos. No se trata de defender privilegios. Se trata de distinguir entre privilegios y derechos adquiridos. Esa diferencia es fundamental.
Una reforma al sistema de pensiones no puede construirse únicamente desde la necesidad de reducir el gasto público. Tampoco puede plantearse como si el problema fuera exclusivamente de los trabajadores. El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la viabilidad financiera del Estado, pero también tiene la obligación de respetar el marco jurídico y los derechos de quienes han cumplido con las condiciones establecidas para jubilarse. Por eso resulta preocupante que, en lugar de avanzar hacia una solución consensuada, se haya llegado al rompimiento del diálogo con las organizaciones sindicales. Cuando el diálogo se rompe, el conflicto deja de estar dentro de una mesa de negociación y comienza a trasladarse a las calles, a los centros de trabajo y finalmente a la gobernabilidad.
Y Morelos no necesita eso.
Tenemos una inseguridad que continúa golpeando a la sociedad. Los ciudadanos viven con la sensación de que no hay descanso y de que los problemas se acumulan sin encontrar una respuesta suficiente. A ello se agregan conflictos políticos, sociales y administrativos que generan incertidumbre y alimentan la percepción de que las instituciones están perdiendo capacidad para resolver.
En este escenario aparece también el caso de la pipa, cuya tragedia sigue generando preguntas. Ahora han surgido señalamientos sobre si la unidad contaba o no con el seguro que debía tener y acerca de quién tendría que hacerse responsable. Mientras esas preguntas no tengan respuestas claras, seguirá creciendo la desconfianza.
Y aquí hay algo todavía más delicado, cada nuevo episodio de esta naturaleza termina poniendo bajo sospecha a los trabajadores del gobierno en su conjunto, cuando no necesariamente todos tienen responsabilidad en las decisiones que se toman desde las áreas administrativas y políticas. No podemos permitir que la falta de claridad de las autoridades termine convirtiéndose en una condena general para quienes trabajan en el servicio público.
Por eso habría que preguntarnos si éste es el momento adecuado para colocar toda la energía política del gobierno en cambiar la manera en que se pagan las pensiones, cuando existen tantos otros problemas urgentes que resolver.
La pregunta no es si el sistema de pensiones necesita una revisión. Seguramente la necesita. La pregunta verdadera es cómo se va a hacer, a quién afectará, qué derechos se respetarán y qué solución de largo plazo se está construyendo, porque crear una oficina, modificar una estructura administrativa o cambiar la fórmula mediante la cual se cubren las pensiones no significa resolver el problema. El fondo del asunto está en garantizar que el sistema sea financieramente sostenible sin convertir a los trabajadores en los responsables de un problema que se fue construyendo durante muchos años.
El gobierno necesita sentarse nuevamente con los sindicatos. Los diputados tienen que hacer su parte. Y ambos deben entender que una reforma de esta naturaleza no puede hacerse desde la confrontación. Morelos necesita acuerdos. Ya hay demasiados problemas sobre la mesa. La inseguridad, los conflictos sociales, la incertidumbre política, las dudas que dejan acontecimientos como el de la pipa y una ciudadanía que cada vez exige mayores explicaciones a sus autoridades. Romper el diálogo con los sindicatos solamente agrega otro problema.
Gobernar no significa evitar los problemas, significa tener la capacidad de enfrentarlos. Y para enfrentar el problema de las pensiones se necesita inteligencia financiera, sensibilidad social, conocimiento jurídico y, sobre todo, voluntad política para escuchar, porque si el gobierno pierde el diálogo con sus trabajadores, pierde también una parte importante de su capacidad para gobernar.
Y en un estado tan golpeado como Morelos, lo último que necesitamos es que un problema que puede y debe resolverse en una mesa termine convirtiéndose en otro conflicto de ingobernabilidad. ¿No cree usted?
