A nivel nacional, la percepción de inseguridad ha estado aumentando. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI reportó que en el segundo trimestre de 2025 un 63.2 % de la población de 18 años o más dijo sentirse insegura al vivir en su ciudad, cifra mayor que la del año anterior. Morelos destaca como la entidad con la mayor percepción de inseguridad de todo México. Según la ENVIPE/INEGI en 2024, el 90.1 % de los habitantes del estado se sienten inseguros.
En Cuernavaca, también es altísima la percepción, y en diciembre de 2023 se reportó que el 85.7 % de los habitantes mayores de 18 años expresaron que vivir en su ciudad les resulta inseguro. Según el INEGI, los delitos con más visibilidad entre la población de Morelos incluyen asaltos en vía pública, transporte público, robos a casa habitación y extorsión. Estos delitos, además de ocurrir, tienen un fuerte componente de percepción de riesgo.
¿Por qué esta percepción es tan alta? Los factores que contribuyen al miedo o la sensación de inseguridad son violencia visible y delitos cotidianos; aunque no todos los delitos se denuncian, los que sí ocurren (robos, asaltos, extorsiones) alimentan el sentimiento de inseguridad, especialmente cuando las víctimas o testigos son conocidos o cercanos. Los medios de comunicación, primordialmente las redes sociales, los rumores, videos, noticias sobre guerras entre carteles o acusaciones de corrupción tienen gran difusión y generan alerta en la población. Muchos de éstos pueden carecer de verificación, pero su impacto psicológico es fuerte.
Quizá lo más importante sea la falta de respuestas claras por parte de autoridades, sobre todo cuando no hay investigaciones transparentes; cuando no se castiga a responsables o no se dan explicaciones convincentes, ya que la población asume que las cosas están peor de lo que podrían estar o que hay impunidad; y, desde luego, la corrupción, pues la desconfianza hacia cuerpos policiales, fiscales y funcionarios crece cuando se percibe que algunos operan con impunidad o están coludidos con actores del crimen. Esa percepción se retroalimenta con declaraciones y videos que circulan, lo que trae como consecuencia un entorno deteriorado en servicios públicos, iluminación, transporte, etc.
La inseguridad no sólo es violencia directa, sino también la sensación de abandono, de espacios poco seguros (calles sin luz, transporte deficiente), que incrementan el miedo. Por ello, ¿cómo podemos combatir esos factores para mejorar la percepción en Morelos? Para que la percepción de inseguridad disminuya no basta sólo con bajar los delitos; hace falta trabajar en varios frentes simultáneos con más transparencia y rendición de cuentas; investigar rigorosamente cualquier video o denuncia que involucre a políticos o funcionarios con grupos delictivos; hacer públicos los avances de esas investigaciones, sin simulaciones, para buscar restablecer la confianza ciudadana; establecer mecanismos ciudadanos de supervisión, participación y denuncia segura; llevar a cabo un fortalecimiento institucional y profesionalización mediante mejorar la capacitación de policías, ministerios públicos, defensores de los derechos humanos, etc., en procedimientos, investigación forense y cadena de custodia.
Algo importante es una mayor tecnología para la vigilancia, iluminación, cámaras, sistemas de alertas vecinales, botones de pánico, etc., así como una mejora en los tiempos de respuesta ante denuncias y emergencias, ya que todo esto es muy deficiente.
En la prevención social del delito es importante invertir en programas comunitarios de espacios públicos, cultura, deporte, rehabilitación de espacios urbanos, atención especial para jóvenes en riesgo, infraestructuras sociales, así como educación, empleo, talleres, apoyo psicológico a víctimas del delito y campañas de concientización, por lo que es fundamental una comunicación efectiva, que las autoridades comuniquen los datos reales de incidencia delictiva, además de acciones concretas como campañas informativas que muestren qué se ha hecho, qué falta por hacer, y cómo la población puede participar, así como evitar discursos alarmistas; pero no se debe minimizar lo que la gente siente, porque las afirmaciones de la autoridad de que todo va mejor nadie las cree y aumenta la percepcion de que la inseguridad crece, y el gobierno miente sistemáticamente.
Para lograr la prevención del delito es necesaria una colaboración interinstitucional, coordinación entre municipio, estado, federación, militares y Guardia Nacional; una coordinación con justicia, sistemas judiciales y fiscalía estatal para garantizar que los delitos se investiguen y sancionen, poniendo atención específica a los grupos más vulnerables como mujeres, niños y grupos marginados que suelen sentir inseguridad en espacios públicos, transporte y cajeros automáticos. Se precisan políticas públicas que mejoren la iluminación, vigilancia en transporte, rutas seguras, etc. De la misma manera, son indispensables programas especiales contra violencia de género.
En lo referente a lo sucedido en la semana pasada, las acusaciones en las redes sociales es importante. ¿Cómo responder ante un video/acusaciones del Cártel de Sinaloa que involucra a políticos morelenses? Sin duda es grave para el gobierno, ya que circula un video donde se acusa al secretario de la gubernatura, a un senador, a diputados federales y alcaldes de Morelos y señala que se han reunido con un líder del Cártel de Sinaloa. Por lo que lo que los ciudadanos esperan una respuesta pública responsable, y lo que idealmente deberían hacer las autoridades para crear confianza en el régimen será una investigación imparcial y transparente, que la Fiscalía correspondiente abra de inmediato una investigación formal. Que se aclare quiénes aparecen, dónde, cuándo y bajo qué circunstancias; que se especifique si hay elementos que indiquen vínculo criminal, si hay negociaciones ilícitas, elecciones indebidas de respaldo, o si es un acto aislado.
Todo esto podría llegar a la suspensión de funciones si hay indicios fuertes y, en caso de que existan pruebas preliminares serias, los funcionarios deben ser suspendidos temporalmente para evitar conflicto de intereses mientras se investiga.
Por todo ello, es fundamental ser muy claro en la comunicación, hacer que los ciudadanos sientan que la comunicación oficial es veraz, con la participación del gobierno estatal y municipal, que de manera conjunta emitan comunicados oficiales, que reconozcan la existencia del video y descalificarlo, pero explicando lo que se sabe hasta el momento; qué se diga qué investigación se abrió, quién la encabeza, cuál es el plazo y qué medidas precautorias se están adoptando. Que la gente sienta que no hay disimulo o evasión, la transparencia en comunicación genera credibilidad, no sólo que los involucrados digan que harán una denuncia que vivira el sueño de los justos; eso ya nadie lo cree.
Para lograr credibilidad habrá que apoyarse en organismos independientes, organismos de derechos humanos, ciudadanos de la sociedad civil, prensa libre, observadores externos para revisar la investigación, y determinar, si es pertinente, acudir a instancias federales que puedan auditar o intervenir.
Con ello se podrá reforzar de modo institucional y hacer del conocimiento público cada paso, pero no en mesas donde las autoridades son el 70% y los ciudadanos el 30%, los cuales, además, son parientes o incondicionales del mismo gobierno. Hay que revisar si las leyes permiten sancionar los vínculos político-criminales con suficiente gravedad. Si no, proponer reformas, así como fortalecer leyes anticorrupción, de responsabilidad penal para servidores públicos y de protección a denunciantes; llevar a cabo medidas de prevención vinculadas a la parte penal; trabajar para reducir la presencia de los carteles con inteligencia policial y coordinación; cortar las fuentes de financiamiento del crimen organizado y desmantelar redes de tráfico, decomisos, etc.; así como dar seguimiento a las denuncias de la ciudadanía. Muchas veces las personas conocen indicios, pero no denuncian por temor o por falta de canales confiables.
Si yo fuera redactor de una respuesta institucional ante ese video, esas acusaciones, diría algo así como: “El gobierno de Morelos ha tomado conocimiento del video difundido, en que se acusa que autoridades han tenido reuniones con una persona identificada como líder del Cártel de Sinaloa. Ante ello, hemos solicitado a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación inmediata, con todas las garantías legales y transparencia, para determinar los hechos, su veracidad, determinar quiénes participaron, en dónde y cuándo; mientras se esclarece lo anterior, hemos instruido la suspensión preventiva de los funcionarios involucrados para evitar que haya interferencia o presión en el proceso, y de esa manera habilitar un canal de comunicación permanente con la ciudadanía para informar los avances de la investigación y hacer publica la invitación a los organismos de derechos humanos, instancias ciudadanas y auditores externos a supervisar las indagatorias. Al mismo tiempo, además, reforzaremos la coordinación entre municipios, estado y federación para combatir a las organizaciones criminales con acciones concretas de inteligencia, vigilancia, corte de rutas de financiamiento y atención a víctimas, señalando que se reconoce el descontento y el temor ciudadano, y reconocer que responsabilidad es no sólo investigar, sino demostrar que las instituciones funcionan, que la justicia no es selectiva y que todos los ciudadanos pueden sentirse más seguros.”
Morelos se encuentra en un momento crítico, la percepción de inseguridad es extremadamente alta, lo que genera miedo, desconfianza, paraliza la participación ciudadana y afecta el desarrollo económico y social. Para transformar esa percepción se requiere más que medidas policiacas, hace falta certeza en la justicia, transparencia, combate real a la corrupción, involucramiento de comunidades, prevención, y acciones visibles que demuestren que el estado está atendiendo las causas, no sólo reaccionando ante los efectos, junto con una comunicación bien esrucrturada, porque es una acusación grave (un video de políticos inmiscuidos con los grupos criminales), puede ser un punto de inflexión, y bien manejado podría convertirse en un momento de restauración de confianza, si se responde con verdad y acción. Mal manejado, alimenta la impunidad, la sospecha y aumenta todavía más la desesperanza ciudadana, por lo que hay que tener cuidado, ya que puede afectar de manera directa al gobierno estatal. ¿No cree usted?
