La detención de la síndica municipal de Yautepec no puede considerarse un acontecimiento aislado ni un asunto que corresponda exclusivamente a ese municipio. Por la gravedad de las acusaciones y por el carácter de la persona involucrada, estamos frente a un caso que obliga a revisar hasta dónde han podido penetrar los grupos criminales en las estructuras políticas y administrativas de Morelos.
La Fiscalía estatal atribuye a la funcionaria una probable responsabilidad en la autoría intelectual del ataque armado ocurrido en una cancha de Rancho Nuevo, donde tres personas perdieron la vida y nueve más resultaron lesionadas. Será un juez quien determine si existen elementos suficientes para vincularla a proceso y, posteriormente, si es culpable o inocente. La presunción de inocencia debe respetarse, pero eso no impide reconocer la enorme trascendencia política e institucional de la investigación.
La detención parece destapar una cloaca cuyas ramificaciones podrían extenderse más allá de Yautepec. No se trata solamente de conocer quién ordenó un ataque, sino de investigar las posibles redes de protección, complicidad, financiamiento y relaciones políticas que pudieron hacerlo posible. Si existen servidores públicos relacionados con organizaciones criminales, la investigación debe llegar hasta sus últimas consecuencias, sin importar cargos, amistades, partidos o cercanías con el poder.
El Ayuntamiento de
Yautepec es gobernado por Morena. Este hecho obliga a ese partido y al gobierno estatal a actuar con especial cuidado, responsabilidad y transparencia. No se les puede declarar culpables por las conductas atribuidas a una funcionaria, pero tampoco sería aceptable intentar minimizar el caso, descalificar las investigaciones o construir una defensa partidista antes de conocer las pruebas.
Morena ha sostenido que no debe existir impunidad y que nadie puede estar por encima de la ley. Ahora tiene frente a sí una oportunidad para demostrar que ese principio se aplica también cuando las investigaciones alcanzan a integrantes de sus propios gobiernos.
El problema es que la detención se produce en medio de una situación de seguridad que continúa siendo angustiante para los morelenses. Las autoridades presentan estadísticas que muestran reducciones en los homicidios, pero la percepción ciudadana se construye con lo que sucede diariamente en las calles. Hay jornadas en las que cuatro, cinco o más personas son asesinadas en distintos puntos del estado.
Cuautla es uno de los ejemplos más preocupantes. Los ataques armados, las extorsiones, los asesinatos y el miedo de comerciantes y habitantes han convertido a esa ciudad en una región donde la violencia parece haberse normalizado. No basta con reforzar durante algunos días la presencia policiaca después de un hecho escandaloso. Se necesita recuperar permanentemente el territorio, investigar las redes económicas de la delincuencia y terminar con cualquier protección institucional.
Según cifras oficiales, Morelos acumuló 512 homicidios dolosos entre enero y julio de este año. Puede afirmarse que existe una reducción respecto del mismo periodo anterior, pero 512 personas asesinadas no representan una realidad satisfactoria. Para las familias de las víctimas, los porcentajes no significan consuelo ni justicia.
El caso de Yautepec debe marcar un punto de inflexión. La Fiscalía tiene la responsabilidad de presentar pruebas sólidas y no convertir la detención en un espectáculo mediático. El gobierno estatal debe garantizar que las investigaciones avancen sin presiones políticas. Morena debe deslindarse con hechos de cualquier conducta ilícita, y los ayuntamientos deben ser sometidos a una revisión profunda.
La pregunta no es solamente qué ocurrió en Yautepec. La pregunta verdaderamente inquietante es cuántas redes semejantes podrían estar operando en otros municipios de Morelos. La cloaca parece comenzar a destaparse. Lo peor que podría suceder es que, por cálculos partidistas o electorales, alguien intente volver a cubrirla. ¿No cree usted?
