Del 18 al 20 de septiembre de 2026, Rusia llevará a cabo elecciones para renovar la Duma Estatal, la cámara baja de su Parlamento, un evento que marca un hito significativo al extenderse más allá de sus fronteras reconocidas. Por primera vez, se instalarán colegios electorales en las provincias ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Kherson, áreas bajo control ruso desde la invasión de 2022. Si bien Moscú ya había organizado elecciones en Crimea tras su anexión, esta es la primera ocasión en que se lleva a cabo una votación de este tipo en un territorio tan amplio y ajeno.
Sin embargo, calificar esto de "elecciones" implica adoptar la narrativa impuesta por la potencia ocupante. Jurídicamente, este proceso no es más que un acto nulo desde su concepción: un Estado ocupante convoca a votar por un órgano legislativo en un territorio donde no tiene soberanía. La Base del Derecho Internacional Humanitario, consagrada en el IV Convenio de Ginebra de 1949, prohíbe que la población bajo ocupación pierda sus derechos debido a cambios impuestos por el ocupante, incluyendo diversas formas de anexión. En particular, los artículos 47, 49 y 54 son claros al establecer que las personas protegidas no pueden ser desplazadas ni obligadas a participar en el gobierno del lugar ocupado.
Además, aunque el Kremlin justifica la "incorporación" de estas regiones a través de los controvertidos referendos de septiembre de 2022, la Asamblea General de la ONU los declaró inválidos. La resolución ES-11/4, que reafirma la integridad territorial de Ucrania, fue aprobada por 143 estados, mientras que solo cinco votaron en contra. Por lo tanto, toda votación rusa en estos territorios carece de legitimidad legal.
Las condiciones en que se llevan a cabo estas votaciones agravan aún más la situación. No se deben confundir con las irregularidades inherentes al sistema electoral ruso; aquí, el problema es que un ejército de ocupación organiza la votación en plena guerra. Según el informe "Freedom in the World 2025", los partidos ucranianos están prohibidos y solo pueden participar candidatos pro-rusos en este contexto. En anteriores elecciones, el “voto a domicilio” estuvo acompañado de amenazas y presión directa por parte de militares, lo que limita severamente la libertad de elección.
La intimidación no se detiene en el uso de la fuerza militar; también se manifiesta a través de presiones burocráticas. Empleados públicos han sido amenazados con despidos si no votan, y el acceso a pensiones o ayuda humanitaria ha estado condicionado a la aceptación del pasaporte ruso, lo que implica una conversión forzada de los habitantes ucranianos en "electores" rusos. Muchos de los originales habitantes de estas regiones ya no residen allí, desplazados por la guerra y la ocupación.
Una pieza clave en esta narrativa son los “observadores” internacionales. Mientras que la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, responsable de la observación electoral con mandato internacional, ha estado excluida de las elecciones rusas desde 2021, se invita a un grupo reducido de figuras marginales y políticos de segunda fila. Su función es puramente propagandística, intentando dar la apariencia de una legitimidad que no se sostiene a nivel internacional.
El contexto democrático en Rusia también está marcado por la exclusión sistemática de candidatos de la oposición real, control de medios y presiones sobre quienes intentan supervisar el proceso electoral. En las regiones ocupadas de Ucrania, estas deficiencias se suman a un escenario de violaciones directas del derecho internacional, impidiendo que los ciudadanos puedan expresar su voluntad libremente.
A medida que se aproximan las fechas de votación, es fundamental recordar que este evento carecerá de efectos jurídicos y de legitimidad como proceso electoral. La atención mediática y la cobertura internacional deben ser capaces de destacar esta falta de validez jurídica, para así evitar normalizar la ocupación y sus prácticas ilegítimas. La descripción del proceso debe ser congruente: es, sin lugar a dudas, un mero procedimiento que no cuenta con reconocimiento legal.
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Datos basados en información reportada originalmente por infobae.com.






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