Vox, recién presentada su candidatura para entrar en las instituciones, mostró este martes en el Congreso hasta dónde quiere llegar en su política contra la inmigración: elevar de 10 a 15 años el periodo de residencia en España para obtener la nacionalidad, un largo plazo que no contempla ningún otro país de la UE; acreditar “buena conducta cívica y suficiente grado de integración”; presentar un certificado oficial de conocimiento del idioma y otro de ausencia de antecedentes penales, y pasar un examen sobre la historia de España. Como guinda, también propuso denegar los visados a los ciudadanos de todos los países del Magreb por negarse a acoger de vuelta a los inmigrantes irregulares expulsados de España.
Para defender ese programa, plasmado en dos propuestas llevadas al pleno del Congreso, Vox desplegó lo más granado de su argumentario nacionalista. España, sentenció su diputado Francisco José Contreras, “es un proyecto histórico que no puede estar abierto a cualquiera”. “Ser español es mucho más que tener un papel, tener el DNI no significa ser español”, abundó. Contreras intentaba enmendar así a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien la pasada semana polemizó con Vox al recordar que los integrantes de las bandas latinas que han provocado incidentes violentos en la capital “son tan españoles como Abascal”.
Vox se propone evitar que “los delincuentes lleguen a ser españoles”. Porque el vínculo entre inmigración y delincuencia resulta indiscutible, según Contreras. Y no tiene que ver con la pobreza, sino que se trata de una “cuestión cultural, de mentalidad”, de la actitud de gente que se ha criado en “los países más violentos del mundo”. Los españoles de verdad responden a otro carácter, ilustró Contreras: “También nosotros fuimos un tiempo pobres e ignorantes y no por eso montábamos bandas de machetes”.
Más información
Contra ese discurso se levantó un clamor en la Cámara. Contreras había ironizado con la “xenofilia” del “consenso progre”, y los supuestos partícipes de ese consenso —todos los demás— le respondieron con una calificación casi unánime: “Racismo y xenofobia”. Los más duros no fueron los dos partidos del Gobierno, ni siquiera ERC, EH Bildu o la CUP. El más contundente, hasta el punto de recibir los elogios del diputado de Bildu Jon Iñarritu, fue Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos. “¡No queremos ser como ustedes!”, repitió Gutiérrez en un vibrante discurso que levantó protestas en los escaños de la extrema derecha cuando les espetó: “¡Son ustedes malas personas!”. “¡Sí, malas personas!”, reiteró ante las quejas de la bancada de Vox. “Se ensañan con los que solo buscan una vida mejor”. “Odian al extranjero, odian al distinto, odian al pobre”, insistió, para rematar: “¿Qué pretenden?: ¿dar los carnets de españoles en las sedes de Vox?”.
El PP se adhirió al rechazo general, aunque en tono más condescendiente. “No se puede criminalizar a los inmigrantes”, reconvino la diputada María Jesús Moro, quien destacó su rechazo a una de las propuestas de la extrema derecha, la de retirar la nacionalidad a quienes hayan cometido determinados delitos. “Eso es volver al Código Penal de 1944″, criticó Moro. Solo el único diputado de Foro Asturias respaldó las tesis de Vox, derrotadas con 285 votos en contra.
La panoplia de medidas presentadas por Vox se completó con la propuesta de denegar los visados a los ciudadanos del Magreb. Para defenderla, sacó a su portavoz más fogosa en estos temas, Rocío de Meer, a quien el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz recordó que hace días escribió en su Twitter que España se está convirtiendo en “un barreño de ciudadanos del mundo”. De Meer arrancó un aplauso entusiasta de su grupo cuando calificó de “aquelarre antirracista” las manifestaciones convocadas para el próximo 19 de marzo en todo el mundo por el Día Internacional contra la Discriminación Racial y añadió: “Para nosotros el 19 de marzo solo es el día de San José y el Día del Padre”. De la respuesta del PP se encargó el diputado José Ortiz, quien arrancó con tibieza dirigiéndose al partido que quiere compartir Gobierno con los populares: “Tenemos cosas que nos unen, pero también que nos separan y esta es una de ellas”. Luego descalificó la propuesta: “Si les retiramos los visados, ¿quién va a recoger las naranjas en Valencia, las fresas en Huelva, las aceitunas en Jaén?”.
Si Vox defendía que español no puede ser cualquiera, algunos de los portavoces que le dieron la réplica sirvieron de prueba viviente de que en la sede de la soberanía nacional también se sientan representantes del pueblo nacidos en otros países. En la Cámara se escuchó un castellano pronunciado con diferentes acentos: el senegalés del socialista Luc André Diouf, el argentino de Gerardo Pisarello, de Unidas Podemos, y el brasileño de Maria Dantas, de ERC. Pisarello fue el más combativo de todos y recordó a su contrincante, De Meer, que ese no es un apellido español, como tampoco los de otros dirigentes de su partido como Javier Ortega-Smith o Hermann Tertsch. “¿Quién demonios cabe en esa España llena de odio que solo sabe embestir?”, clamó el diputado catalán.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook y Twitter, o visitar nuestra pagina oficial.
La nota precedente contiene información del siguiente origen y de nuestra área de redacción.
