El rechazo de Vox al derecho al aborto va mucho más allá de instar a los médicos a que inviten a las gestantes a escuchar el latido del corazón del feto y ver una ecografía 4D (en movimiento), como ha anunciado el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo. El partido ultra se opone también a que las mujeres puedan decidir si abortan por sí solas, sin contar con la opinión del hombre. Así figura en la propuesta de veto que los tres senadores de Vox presentaron el pasado día 28 en la Cámara alta a la nueva ley de salud sexual y reproductiva e interrupción del embarazo, cuyo debate se producirá en febrero, cuando se reanude la actividad parlamentaria.
En su escrito, Vox asegura que, tanto la ley vigente, de 2010, como el nuevo proyecto, “con su pretendida defensa de la libertad de decisión de la mujer, ignoran absolutamente la figura del padre, a quien no le reconocen ninguna intervención en la decisión que puede suponer la muerte de su hijo no nacido [sic]”. Con su habitual retórica, el partido ultra añade que la iniciativa legislativa “refleja perfectamente el ánimo destructivo de los principios morales básicos que estructuran la civilización occidental” y “ataca el carácter sagrado de la vida humana y el vínculo fundamental del padre con su hijo”. Aunque no dice expresamente que las mujeres deberían tener el permiso de su pareja masculina para interrumpir su embarazo, es lo que parece deducirse de su argumento.
En realidad, todo el escrito rezuma la intención de prohibir el aborto en cualquier supuesto ya que, alega, “el derecho a la vida es el más sagrado de los derechos” y Vox la defiende “desde la concepción [es decir, desde que se forma el cigoto] hasta la extinción natural”, por lo que también se opone a la eutanasia, en base a un supuesto “derecho natural” y a la “sacralidad de la vida humana”. Vox se remonta al siglo XIX para argumentar que el aborto fue tipificado como delito en el Código Penal de 1822 y, aunque en 1985 se introdujeron algunas excepciones a este principio, “la despenalización excepcional del aborto en algunos supuestos y plazos”, lamenta, “se ha ido convirtiendo en una clara tendencia al aborto libre, vestido como un pretendido derecho”. Vox critica la “sumisión entusiasta de los sucesivos gobiernos de España”, en alusión implícita al PP, a los derechos sexuales y reproductivos aprobados por la ONU y el Parlamento europeo. El partido ultra llega a homologar el aborto con un homicidio al asegurar: “En ningún caso puede catalogarse como derecho matar a otro ser humano”.
Vox acusa al Tribunal Constitucional de haber jugado un “papel coadyuvante” en el “menoscabo del derecho a la vida del no nacido”, por haber demorado casi 13 años su sentencia sobre la ley del aborto de 2010 y asegura que, cuando esta se produzca, debe declararla inconstitucional, en coherencia con su jurisprudencia anterior. Además, critica la creación de un registro de médicos objetores a la realización de interrupciones del embarazo y que se les excluya de los comités clínicos que evalúan abortos eugenésicos (en caso de malformación fetal), por considerarlo discriminatorio. En un foro antiabortista celebrado en diciembre pasado, Vox ya defendió la “objeción sobrevenida” de aquellos médicos que se nieguen a interrumpir el embarazo de una mujer sin previo aviso.
Como el PP, Vox critica que se elimine el plazo de tres días de reflexión previo al aborto o la obligación de facilitar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo información sobre ayudas a la maternidad y califica de “menoscabo a la patria potestad” la posibilidad de que las mayores de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno. Finalmente, recurre al argumento demográfico al subrayar que España tiene un índice de fecundidad inferior al necesario para garantizar el reemplazo generacional y que eso se podría paliar “si naciesen los miles de fetos que se abortan cada año”.
El veto de Vox en el Senado no tiene ninguna posibilidad de prosperar, pero evidencia que el propósito del partido ultra no se limita a “proporcionar información” a las mujeres que quieran abortar, como aseguró el pasado lunes su secretario general, Ignacio Garriga, para defender el polémico protocolo de la Junta de Castilla y León.
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