El Pleno de la Cámara de Diputados ha dado un paso significativo en la reforma de la Ley de Amparo, un recurso clave que protege los derechos de la población ante violaciones de autoridades Mexicanas. Tras una maratónica sesión de más de 10 horas, donde la oposición no brindó apoyo, los diputados de Morena y aliados aprobaron cambios a la Ley de Amparo, así como modificaciones a otros códigos relevantes. Esta iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca redefinir el acceso a este recurso legal.
A pesar de que un día antes se había acordado en comisiones eliminar un transitorio polémico del Senado que permitía la retroactividad de las nuevas disposiciones, en el pleno se presentaron cambios que reviven este aspecto. La propuesta del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, de Morena, sugiere que, dependiendo del estado del proceso, se aplicarán ya sea las nuevas normativas o las vigentes, dejando la puerta abierta a una retroactividad “selectiva”.
El líder del PRI, Rubén Moreira, alertó sobre esta situación, considerándola una trampa que podría afectar juicios en curso y transformar la ley en una herramienta que favorece intereses particulares. En contraste, otros diputados argumentaron que las reformas buscan mejorar el acceso a la justicia, promoviendo digitalización y armonización en los procedimientos.
En un contexto más amplio, Fitch Ratings ha levantado la voz ante las posibles repercusiones de estos cambios. La calificadora ha advertido que la reforma podría impugnar a múltiples sectores económicos, elevando riesgos regulatorios y limitando la capacidad de los tribunales para suspender actos administrativos. Esto podría traducirse en un entorno menos predecible para las empresas, afectando desde el sector energético hasta el de telecomunicaciones.
Con este trasfondo, se hace evidente que la reforma a la Ley de Amparo no solo transforma la dinámica jurídica del país, sino que también establece un nuevo panorama para las empresas y ciudadanos en cuanto al acceso a la justicia y la protección de sus derechos frente a decisiones gubernamentales.
La información presentada refleja la situación al 15 de octubre de 2025, y se encuentra en constante evolución, por lo que es recomendable mantenerse al tanto de futuros desarrollos en este tema crucial.
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