El 25 de abril de 2026, el gobierno de Donald Trump ha tomado una decisión significativa al flexibilizar las sanciones que afectan a Nicolás Maduro y Cilia Flores, permitiéndoles acceder a fondos públicos de Venezuela para su defensa legal. Esta medida responde a la perspectiva del juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, quien ha considerado que tal solución facilitará la continuidad de un proceso judicial que podría culminar en una condena de cadena perpetua para Maduro, arrestado durante una operación militar histórica el 3 de enero y trasladado a una celda en Nueva York.
Para implementar esta flexibilidad, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió licencias que permiten que los abogados de la ex pareja presidencial reciban sus honorarios desde Caracas. La falta inicial de recursos había sido un obstáculo para la defensa de Maduro, que había intentado anular el juicio en su contra. Actualmente, Maduro enfrenta serias acusaciones, incluyendo conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y posesión de armas de fuego y explosivos.
Hellerstein, a sus 92 años, ha mostrado su firme intención de continuar con el caso, pero con cautela, buscando evitar futuras apelaciones. Este enfoque contrasta con la situación de miles de opositores políticos en Venezuela, quienes se enfrentan a un sistema judicial controlado por el régimen, donde a menudo se les designa un abogado del estado y se les someten a pruebas manipuladas por fiscales bolivarianos.
Cabe destacar que el perdón parcial otorgado por la OFAC está condicionado a que los fondos se generen a partir de actividades económicas entre Estados Unidos y Venezuela iniciadas en marzo. Según anunció el Tesoro estadounidense, estas licencias han abordado los problemas planteados en las mociones de los acusados para desestimar los cargos.
Mientras tanto, en Caracas, del Palacio de Miraflores surge la noticia del primer encuentro entre Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, y John Barrett, el nuevo jefe diplomático estadounidense en Venezuela. Rodríguez subrayó la disposición de su gobierno para avanzar en una agenda de trabajo que promueva el respeto mutuo y la cooperación en beneficio del pueblo venezolano.
Desde su llegada al poder, Delcy ha estado enérgicamente enfocada en desmantelar la estructura de poder vinculada al madurismo. Recientemente, ha decidido la jubilación de varios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cercanos a Maduro, señalando un cambio significativo en el entorno político.
A medida que el proceso judicial avanza en EE. UU., las repercusiones se sienten dentro y fuera de Venezuela, destacando no solo las implicaciones legales y políticas para Maduro, sino también el impacto socioeconómico que continúan sufriendo los venezolanos.
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