Un grupo de fiscales generales de 23 estados y de la ciudad de Washington ha presentado una demanda contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS, por sus siglas en inglés) y su secretario, Robert F. Kennedy Jr., debido a un recorte repentino de 12 mil millones de dólares en fondos destinados a la salud pública. Según los demandantes, estos recortes son ilegales y perjudiciales, ya que interrumpen servicios esenciales de salud pública y podrían provocar la pérdida de miles de empleos en el sector de la salud.
La demanda fue presentada este martes, y los fiscales generales están solicitando una orden de restricción temporal para frenar la ejecución de los recortes de fondos, argumentando que la medida tendrá consecuencias graves en el sistema de salud pública del país. La semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron que reducirían aproximadamente 11,4 mil millones de dólares en fondos asignados a los departamentos de salud estatales y locales que habían sido utilizados durante la pandemia de covid-19. Además, los fiscales afirman que se cancelaron otros mil millones de dólares en fondos de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental.
El HHS defendió la medida, asegurando que la pandemia de covid-19 ha terminado y que ya no era necesario mantener esos fondos para responder a la emergencia sanitaria. En su lugar, la agencia afirma que priorizará los fondos para abordar problemas de salud pública como las enfermedades crónicas, siguiendo el mandato del presidente Trump de enfocar los esfuerzos en hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable.
Sin embargo, los fiscales generales argumentan que, aunque los fondos fueron inicialmente asignados durante la pandemia de covid-19, su uso no estaba limitado exclusivamente a la respuesta ante el virus. Muchos de estos recursos se destinaron a fortalecer el sistema de salud pública a largo plazo, incluyendo la preparación ante futuras pandemias, la lucha contra el abuso de sustancias, la prevención del suicidio y otros servicios de salud mental esenciales.
Letitia James, fiscal general de Nueva York, expresó su preocupación de que los recortes afecten gravemente el progreso logrado en la lucha contra la crisis de opioides, así como el caos que podría generar en los sistemas de salud mental y hospitalarios. Se estima que Nueva York podría perder más de 400 millones de dólares en fondos de salud pública como resultado de estos recortes. Además, el Dr. Joseph Kanter, director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales, advirtió que los fondos estaban siendo utilizados para reforzar la preparación ante brotes de enfermedades infecciosas urgentes, como el sarampión y la gripe aviar H5N1, los cuales están afectando actualmente a Estados Unidos.
La abrupta cancelación de estos fondos ha tomado por sorpresa a muchos departamentos de salud locales y estatales, generando incertidumbre y caos en los planes de respuesta ante emergencias sanitarias. Los fondos habían sido destinados para mejorar la capacidad de los laboratorios, modernizar los sistemas de datos y mejorar las pruebas y el monitoreo de enfermedades infecciosas, lo que ahora se ve comprometido por la medida.
La demanda también sostiene que el gobierno federal está actuando fuera de su autoridad legal al rescindir estos fondos, ya que fueron asignados específicamente por el Congreso para ser utilizados en proyectos concretos. Los fiscales generales argumentan que esta acción socava el poder constitucional del Congreso y podría sentar un precedente peligroso en cuanto al control del presupuesto federal.
Esta acción legal se suma a la creciente cantidad de demandas contra la administración de Trump, que ha enfrentado más de 100 litigios en los primeros meses de su segundo mandato. En este contexto, la coalición de fiscales generales podría buscar que se emita una orden judicial permanente sobre los recortes de salud pública, aunque existe preocupación sobre si la administración federal acatará la decisión de los tribunales en caso de que el fallo sea en su contra.
Con el sistema de salud pública bajo presión debido a los desafíos actuales y futuros, la disputa sobre estos recortes sigue siendo un tema central en el debate sobre la política de salud pública en Estados Unidos.
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