WhatsApp ha recurrido a los tribunales para que el Gobierno de India, el país del mundo con más usuarios de la aplicación (400 millones), detenga la nueva ley de tecnologías de información. La insólita decisión de la compañía, que rara vez emprende medidas legales allí donde opera, se produce justo cuando vence el plazo para que el servicio de mensajería instantánea respondiera al requerimiento planteado por Nueva Delhi a propósito de la última actualización de la aplicación. El nuevo contrato, cuya entrada en vigor congelaron India y otros países como Brasil, oficializa el trasvase de datos entre WhatsApp y Facebook, la empresa matriz.
Aprobada en marzo, la normativa india obliga a las empresas tecnológicas a garantizar la trazabilidad de los mensajes y posts: deberán ser capaces de identificar el origen de un mensaje cuando así lo requieran las autoridades, presumiblemente por motivos de seguridad nacional o para salvaguardar el orden público. Un paso más en la cruzada del país asiático contra las grandes tecnológicas, cuyo poder trata de limitar el Ejecutivo encabezado por el primer ministro Narendra Modi desde hace tres años.
Los mensajes que se envían a través de WhatsApp están encriptados de extremo a extremo: son indescifrables desde el momento en que salen del dispositivo del emisor hasta que llegan al del receptor. No puede acceder a ellos ni la propia compañía. Para cumplir con la norma que ha fijado Nueva Delhi, el servicio de mensajería instantánea controlado por Facebook se vería obligado a rebajar el estándar de protección de sus comunicaciones. “Estamos decididos a proteger la privacidad de los mensajes personales de la gente y continuaremos haciendo todo lo que podamos para lograrlo dentro de la legalidad de India”, señala a este periódico un portavoz de la empresa estadounidense.
Asimismo, WhatsApp y el resto de servicios de mensajería instantánea deberían crear grandes bases de datos con todos los mensajes que se envíen desde India y asignar una especie de identificador a cada comunicación para poder recuperarla en caso de ser solicitada. Fuentes de la empresa dudan de que eso se pueda hacer sin que la seguridad de los datos quede seriamente comprometida, ya sea por la posibilidades que abre a los hackers o por la discrecionalidad de las autoridades al acceder a la información.
Aunque la postura oficial de WhatsApp es que trabajará con el gobierno indio para encontrar “soluciones prácticas”, el tono del escrito de la demanda, al que ha tenido acceso Reuters, es contundente. Acusan a Nueva Delhi de haberse excedido en sus competencias, calificando la nueva regulación como “inconstitucional” y que supone una “peligrosa invasión a la privacidad”.
Algunos observadores han tachado la normativa india sobre internet como una forma de control desproporcionado sobre la libertad de expresión. “Restringe la discreción de las empresas en la moderación de sus propias plataformas y crea nuevas posibilidades para la vigilancia gubernamental de la ciudadanía. Estas normas amenazan la idea de un internet libre y abierto basado en los estándares de los Derechos Humanos”, escribió al respecto un grupo de expertos de la Electronic Frontiers Foundation, una influyente organización sin ánimo de lucro estadounidense que vela por la privacidad y los derechos digitales.
El mes pasado, Facebook, Instagram y Twitter fueron forzados a retirar docenas de posts que eran críticos con el gobierno de Modi y su forma de gestionar la pandemia. Representantes de las autoridades dijeron que los mensajes se tenían que retirar porque podían provocar el pánico entre la ciudadanía y entorpecer la labor del Gobierno, según recogió The New York Times. Otra muestra de estas tensiones fue la visita esta semana de la policía a las oficinas de Twitter en Nueva Delhi para comunicar oficialmente que estaba siendo investigada por etiquetar como contenidos manipulados unas declaraciones de un miembro del partido que ostenta el gobierno, según informa Reuters.
La rebelión de India
India es, junto a Brasil, Turquía, Sudáfrica y más recientemente Argentina, uno de los países que se ha rebelado contra la nueva actualización de WhatsApp. Esta, que entró en vigor el pasado 15 de mayo, oficializa el trasvase de datos del servicio de mensajería instantánea a su matriz Facebook. Un trasvase que no se podrá realizar en la Unión Europea, en tanto que el Reglamento General de Protección de Datos prohíbe esa transmisión de datos personales, pero que la compañía quería empezar a aplicar en el resto del globo.
En marzo, la Comisión de la Competencia de India decidió que el hecho de que WhatsApp y Facebook compartan datos es un “abuso de posición dominante”. En consecuencia, congeló el cambio de condiciones e inició una investigación.
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El ministro de Justicia y Tecnologías de la Información de la India, Ravi Shankar Prasad, envió el pasado 18 de mayo una carta a las oficinas centrales de WhatsApp en la que instaba a la compañía a retirar la actualización que entró en vigor el pasado día 15. En la misiva se especificaba también que el Gobierno del país asiático podría tomar medidas legales contra la empresa estadounidense si esta no cumplía con lo establecido en la Ley de la Tecnología de la Información contra la que ahora litiga.
Nueva Delhi emplazaba en el escrito a WhatsApp a responder al requerimiento el 25 de mayo como muy tarde. La compañía aseguró el lunes, un día antes del plazo marcado, que no limitaría las funcionalidades de la aplicación a los usuarios indios que no accedan a actualizarla. En esos casos optaría por seguir recordando de vez en cuando que hay una actualización pendiente, buscando de ese modo cosechar más vistos buenos de la ciudadanía.
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