La Valeta, Malta.— Durante su reciente Cumbre Global, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) ha lanzado un llamado urgente para endurecer las leyes y reforzar la cooperación internacional en la lucha contra la explotación infantil en el sector turístico. Este reclamo subraya un creciente compromiso para prevenir los abusos a menores en diversos entornos de viaje, incluidos hoteles, vuelos y destinos turísticos.
Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, enfatizó que la responsabilidad de abordar este problema no puede recaer únicamente en las empresas. “Los gobiernos tienen un papel fundamental en reforzar los marcos legales, mejorar la aplicación de la ley y garantizar que quienes explotan a los niños enfrenten consecuencias reales”, declaró durante la cumbre.
Parte de esta iniciativa ha sido impulsada junto a organizaciones como The Bicester Collection y ECPAT International, así como la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños. Juntos, han lanzado “Unlock Futures”, una iniciativa que busca integrar la protección infantil en las operaciones turísticas.
El informe subyacente a esta iniciativa recoge datos de más de 50 organizaciones en 25 países, que anualmente alcanzan cerca de mil millones de personas. Aunque un impresionante 70% de las organizaciones considera prioritaria la protección de la infancia, solo el 40% ha establecido políticas formales para atender los riesgos. Esto revela una notable discrepancia entre el reconocimiento de posibles abusos y la implementación de herramientas efectivas para detectarlos y actuar en consecuencia, sin poner en riesgo a las víctimas.
En el contexto turístico, los riesgos pueden materializarse en diversas instancias, desde el registro de huéspedes hasta las excursiones y el uso de plataformas digitales. Es fundamental recordar que una señal sospechosa, por sí sola, no prueba la existencia de un delito.
La hoja de ruta propuesta por “Unlock Futures” se basa en el acrónimo CARE, ACT y SCALE, enfocándose en asumir responsabilidades y desarrollar mecanismos de prevención a lo largo de toda la cadena de valor. Las siete acciones recomendadas para las empresas de viajes, ocio y entretenimiento son:
1. Nombrar a un responsable: designar a un alto directivo encargado de coordinar la protección infantil.
2. Identificar riesgos: revisar instalaciones, servicios y proveedores donde podría ocurrir explotación.
3. Capacitar al personal: enseñar a los empleados a reconocer señales y actuar de acuerdo a protocolos.
4. Facilitar denuncias: ofrecer canales seguros para que puedan reportar inquietudes.
5. Revisar herramientas digitales: evaluar plataformas para evitar el uso que facilite abusos.
6. Involucrar a proveedores: extender criterios de protección a socios comerciales.
7. Medir y mejorar: revisar reportes y colaborar con autoridades y organizaciones especializadas.
Es crucial impedir que los empleados asuman roles que no les corresponden. Su función se limita a identificar alertas y activar rutas seguras de atención, mientras que se fomentará la comunicación entre los viajeros sobre cómo reportar posibles situaciones de riesgo.
Un ejemplo destacado en México es Volaris, que ha jugado un papel activo en la protección infantil. Según sus informes internos, la aerolínea ha identificado más de 250 presuntos casos de trata y ha contribuido al rescate de 28 menores. Además, su campaña “Ojos en el Cielo”, en colaboración con ECPAT, promueve la comunicación de señales de riesgo desde las tripulaciones y pasajeros.
Asimismo, The Palace Company, con hoteles en Quintana Roo, ha implementado el protocolo “Código Rosa” para reportar alertas discretamente, habiendo capacitado a alrededor de 600 empleados en este tema.
Esta iniciativa se alinea con la “Promesa Compartida”, firmada por más de 100 directivos durante la Cumbre Global del WTTC de 2025 en Roma, donde se destacó la necesidad de convertir los compromisos en acciones verificables. A medida que avanza esta iniciativa, el WTTC busca que los gobiernos fortalezcan los marcos legales para prevenir y sancionar la explotación de menores, asegurando un futuro más seguro para todos los viajeros.
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